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La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, fue evidenciada como mentirosa luego de que la Drug Enforcement Administration (DEA) revelara un panorama sobre la presencia del crimen organizado en México que contradice el discurso oficial del gobierno estatal.
Durante diversos pronunciamientos públicos, la mandataria ha insistido en negar la presencia de grupos delictivos organizados en la entidad; sin embargo, datos del organismo estadounidense señalan que el estado registra presencia significativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que para críticos evidencia una presunta falta de transparencia y un intento por minimizar la situación de inseguridad.
De acuerdo con el informe de la DEA, el CJNG mantiene distintos niveles de operación en varias entidades del país, clasificadas como presencia activa o presencia significativa. En este último rubro aparece Tlaxcala, junto con estados como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Baja California, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
Esta información oficial contradice la narrativa oficial de la mandataria que ha sostenido reiteradamente que Tlaxcala se mantiene al margen de la operación de grandes cárteles.
Los datos internacionales refuerzan la percepción de que las autoridades locales intentan ocultar o minimizar la gravedad del problema de seguridad.
A este señalamiento se suman cifras y reportes sobre hechos delictivos en la entidad que, según críticos de la administración estatal, reflejan un deterioro en la seguridad pública y un aumento en la preocupación ciudadana por delitos de alto impacto.
Negar la presencia del crimen organizado podría afectar la implementación de estrategias efectivas de seguridad, al impedir el reconocimiento pleno del problema y la coordinación institucional necesaria para enfrentarlo.