• Tlaxcala
  • Adolfo Tenahua Ramos
Acusaron practicas corruptas al permitir que estas unidades continúen operando sin sanciones visibles, mientras que otras empresas enfrentan operativos, multas elevadas y hasta el retiro de sus unidades.

El conflicto en el transporte público de Tlaxcala estalló con fuerza luego de que un amplio sector del gremio denunciara presuntas prácticas ilegales, favoritismo y omisiones graves por parte del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin  señalando directamente a un grupo que —afirman— opera al margen de la ley sin consecuencias.

Transportistas inconformes acusan que unidades vinculadas a “Flecha Azul 10 Poniente” circulan con placas sobrepuestas, es decir, un mismo juego de matrículas utilizado en distintas combis, lo que representa una irregularidad grave que, además de ilegal, pone en riesgo a los usuarios al no garantizar seguros vigentes ni condiciones mínimas de seguridad.

Según los denunciantes, estas anomalías no son nuevas. Aseguran que desde el inicio de la actual administración estatal, encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, este grupo ha operado sin control ni supervisión efectiva, consolidando una posición privilegiada frente a otras rutas que sí son sancionadas.

Otro de los puntos que genera sospechas es el uso de placas que no corresponden al esquema vigente en el estado, incluyendo unidades con terminaciones distintas a las autorizadas, lo que refuerza la percepción de desorden y falta de regulación en el sistema de transporte.

Acusaron a Munive Temoltzin, de practicas corruptas al permitir que estas unidades continúen operando sin sanciones visibles, mientras que otras empresas enfrentan operativos, multas elevadas y hasta el retiro de sus unidades.

“Para unos hay ley, para otros impunidad”, reprochan transportistas, quienes aseguran que existe un trato desigual que afecta directamente la competencia y la viabilidad de sus negocios. La inconformidad, advierten, ya no es aislada: involucra a más de 16 empresas y rutas que denuncian condiciones inequitativas.

El reclamo es claro: exigen operativos de verificación reales, revisión exhaustiva de las unidades señaladas y la aplicación estricta de la ley sin excepciones. Consideran que lo que está en juego no solo es la competencia, sino la seguridad de miles de usuarios que diariamente utilizan el transporte público.

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