- Apizaco
Una denuncia que circula de forma anónima entre reclusos del Centro de Reinserción Social de Apizaco, expone lo que describen como un sistema estructurado de corrupción, tráfico de drogas y cobros ilegales operando dentro del penal con la presunta tolerancia —o participación— de mandos de seguridad.
El testimonio, redactado como un llamado urgente a las autoridades estatales, sostiene que las irregularidades no son hechos aislados, sino prácticas constantes que han convertido la vida cotidiana dentro del penal en un esquema de control, abuso y pagos obligatorios. Los internos afirman que existe una red encabezada por el jefe de operativos de los centros penitenciarios del estado, en coordinación con el comandante de seguridad y custodia del Cereso de Apizaco, identificado como “Sindi” o “Cindy”.
Según la denuncia, este mando sería pieza clave en el ingreso de droga —principalmente “cristal”— a través de un interno apodado “El Marro”, identificado como René Santo Estevan, quien operaría como distribuidor entre población procesada y sentenciada. De acuerdo con los testimonios, el propio interno presume tener comunicación directa con autoridades estatales, lo que le permitiría actuar con protección y sin consecuencias.
La acusación va más allá del tráfico de sustancias. Los internos describen un sistema de cobros ilegales que alcanza incluso productos básicos. Señalan que el acceso a artículos de higiene o necesidades mínimas es restringido deliberadamente para después permitir su ingreso a cambio de dinero. La falta de abastecimiento en las tiendas del penal habría sido aprovechada para consolidar un esquema de cuotas que, aseguran, ya es obligatorio.
En este contexto, también denunciaron el uso de internos para fines de manipulación y control. Mencionaron el caso de un recluso identificado como “Holguín”, quien habría sido utilizado para grabar un video con acusaciones dirigidas contra el director del penal y otros internos. Según el señalamiento, dicha acción habría sido inducida y posteriormente recompensada con privilegios, lo que refuerza la percepción de un sistema donde los beneficios y castigos dependen de intereses internos más que de reglas institucionales.
El relato evidencia un escenario de autogobierno penitenciario, donde las decisiones no responden a un marco legal sino a acuerdos informales entre custodios e internos con poder. La constante mención de posibles vínculos con autoridades superiores sugiere, según los denunciantes, una red de complicidades que rebasa el ámbito del penal.
Lo anterior demuestra falta de control institucional, la corrupción y las condiciones reales en las que operan los centros de reinserción social.