- Política
Tlaxcala vive uno de los episodios más vergonzosos de abuso de poder de los últimos años. Las autoridades a través del secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado y el director Arturo de Casa Vega, han convertido la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala en un burdo instrumento de campaña a favor de Alfonso Sánchez García, aspirante a la gubernatura.
Según una denuncia ciudadana que ya circula en redes y medios locales, todo el personal de la dependencia —desde oficinistas hasta brigadistas de campo— está siendo obligado a recorrer los 60 municipios del estado para realizar “encuestas” que no son más que propaganda disfrazada. La orden es clara y cínica: no identificarse como empleados públicos, sino como trabajadores de una “empresa privada”. El objetivo: inflar la imagen de Sánchez García y allanarle el camino a la candidatura, cueste lo que cueste.
Lo más grave es el método: amenazas de despido inmediato para quien se niegue. La gobernadora Cuéllar, según la denuncia, ha sido explícita: “o haces la encuesta o te vas a la calle”. Así se maneja el gobierno morenista en Tlaxcala: con miedo y extorsión laboral. Mientras tanto, Arturo de Casa Vega no solo dirige esta operación oscura, sino que ya se perfila como candidato a presidente municipal de Chiautempan, cerrando el círculo de la ambición desmedida.
Este no es un caso aislado de “entusiasmo partidista”. Es un delito electoral en toda regla: uso indebido de recursos públicos, coacción a servidores públicos y violación flagrante de la neutralidad que debe guardar el gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente, que debería proteger bosques, agua y medio ambiente, hoy es una oficina de campaña pagada con dinero de todos los tlaxcaltecas.
La ciudadanía exige investigación inmediata de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Contraloría del Estado. Porque si esto queda impune, Tlaxcala no solo perderá su dignidad institucional: perderá la poca confianza que le quedaba a sus instituciones.