El objetivo de esta solicitud era garantizar la transparencia, fiscalización y, sobre todo, el equilibrio entre los poderes del estado, asegurando que las acciones del Ejecutivo sean revisadas y evaluadas de manera objetiva por el Legislativo.
Emilio de la Peña pasó de ser uno de los principales impulsores de sanciones contra autoridades municipales a convertirse en blanco de cuestionamientos sobre su propia labor