Algunos de los hechos que se han presentado durante este Gobierno han dado muestra del regreso de la impunidad, que ha protegido a servidores públicos y desprotegido los derechos humanos, laborales, electorales de los mexicanos.
Hay que recordar que en cada uno de los actos de autoridad, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, lo que cuenta es la aplicación de la ley con ética y responsabilidad, sin espacio para la impunidad porque, en teoría, el marco jurídico es para todos.
Y la impunidad, que representa un obstáculo para un verdadero estado de derecho, no sólo debe quedarse en señalamientos del discurso oficial ni en las promesas del Ejecutivo en materia de política pública de seguridad y justicia para devolver la paz a los mexicanos.
Hay que empezar por aplicar la ley de forma imparcial y objetiva a quienes incurran en faltas, incluidos los funcionarios que han actuado movidos por intereses electorales. El Estado mexicano debe asumir con absoluta responsabilidad sus actos, así como reconocer sus fallas y también sus omisiones. Y debe garantizar a los ciudadanos el hacer valer sus derechos frente a los excesos de los actos de autoridad.
¿Qué pensar entonces del espaldarazo que ha dado a la Secretaria de Desarrollo Social en el caso de desvío de fondos públicos de programas sociales en Veracruz, o de la justificación que al respecto dio el Gobernador? ¿Es suficiente aceptar “la renuncia” del tesorero estatal para evitar suspicacias sobre la aplicación selectiva de los recursos económicos destinados para los programas sociales? Es insuficiente para limpiar el proceso electoral, no alcanza para combatir la impunidad.
Y qué decir del Procurador Federal del Consumidor, al que nunca le pasó por la mente renunciar, porque él no ordenó -estaba en convalecencia después de una intervención quirúrgica-, el operativo de clausura de un restaurante en la Ciudad de México. ¿Se le olvida que su hija se “autofacultó” para llamar a un servidor público de segundo nivel y cerrar de manera expedita un negocio porque no se le atendió en el momento en que ella lo requirió? ¿El poder y facultades se extienden por derecho de sangre? ¿Es suficiente suspender a quienes ejecutaron la orden? Es insuficiente para demostrar que el Presidente no tiene amigos, y que su compromiso es sólo con lo que es mejor para México; no alcanza para combatir la impunidad.
Los servidores no pueden ser protegidos por el manto de la impunidad, con claras muestras de simulación, porque las investigaciones las realizarán dependencias del Gobierno Federal, eso significa ser juez y parte. Los hechos relacionados con la Procuraduría Federal del Consumidor y de Veracruz serán investigados por la casi moribunda Secretaría de la Función Pública. ¿Hay elementos para pensar, en un análisis de fondo, con transparencia? No, porque se responderá a los designios del gobernante que decidió avalar las prácticas ilícitas. El Instituto Federal Electoral resolvió “no conocer de los hechos en Veracruz” y se argumentó la carencia de facultades, aún y cuando se denunció el involucramiento de funcionarios electorales locales. Es insuficiente para la certeza, no alcanza para combatir la impunidad.
El desvío de recursos públicos, la aplicación de la ley para fines personales o de una fuerza política, además de un acto de deshonestidad, constituye una clara violación a las leyes fundamentales que nos hemos dado los mexicanos. Pero además, es dinamitar la cultura de la legalidad para fortalecer la impunidad que tanto se critica pero que es consentida por unos y por otros.
La arrogancia y el cinismo de las autoridades dejan claro que la ley se puede interpretar para justificar irregularidades. Los ciudadanos, con estos botones de impunidad, entendemos la máxima de Juárez, a los amigos justicia y gracia, para el resto de los habitantes justicia a secas.
El bien común se construye a partir de la suma de voluntades que deciden anteponer el beneficio social al particular. El Estado y sus autoridades deben ser garantes del cumplimiento legal, sin interpretaciones a modo, simulaciones clientelares ni justificaciones personales en cada uno de sus actos. Corresponde a los ciudadanos levantar la voz en contra de la impunidad porque, en mayor o menor medida, se trata de abusos de servidores públicos, quienes deciden aplicar la ley a modo.
RECUENTOS
En medio de las celebraciones a las Madres, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín de prensa con datos preliminares en materia de seguridad. Importante es resaltar las cifras de los homicidios dolosos relacionados a delitos federales: 5 mil 296 en cinco meses, es decir, mil ejecuciones mensuales, el resto es acomodar las estadísticas y buscar lo positivo. Lo cierto es que los mexicanos, ahora, no tenemos más seguridad como algunos aseguran.