El servidor público enfrenta diversas denuncias penales en su contra y de una de ellas fue vinculado a proceso y actualmente con suspensión condicional, hasta que repare el daño.
Utilizó el cargo para beneficiar a un empresario de Apizaco y eliminarle los sellos de "clausura" que colocó el ayuntamiento rielero a su negocio en diciembre de 2021 y febrero de 2022.