Este seis de junio, durante la entrega del “Premio Estatal de Periodismo”, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), debe procurar entregar junto con reconocimientos elementos para la defensa de la integridad de reporteros.
En respuesta ante la indefensión en que se encuentran sus integrantes, tras la artera agresión de los “maestros” del MBM, pero más por la falta de respuesta de las autoridades.
Se sugiere la dotación de cilindros de gas lacrimógeno o pimienta, ya que una o un reportero no puede hacer su trabajo con garrote o de esos toletes que portan los policías.
Menos nos imaginamos a los foto reporteros con su escopeta al hombro, como acostumbran los grupos de auto defensa, al menos con el gas, no es lo mismo que los 12 reporteros agredidos tengan con qué responder.
Al igual que los toros para el festival que viene, se puede tramitar entre los políticos, empresarios o funcionarios el apoyo, digo para que se retribuya al menos un poco de seguridad al gremio.
Esto ante el rumbo que han tomado las denuncias presentadas por la lentitud con que actúa la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas de la PGR.
Ya se pudo constatar que salió peor el remedio que la enfermedad, porque tras la agresión nadie confió en presentar su denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por desconfianza, sin conceder siquiera el beneficio de la duda, el rechazo fue contundente. Por la relación entre el gobierno y los reporteros, que no entre los dueños y directores de medios, no es lo mismo.
De entrada en la PGR el subdelegado de nombre Hermes se puso agresivo, levantó la voz y dejó ver su arrogancia, fue parado en seco por Francisco Javier Conde, quien le recordó que era servidor público.
Luego los 12 reporteros agredidos sufrieron en carne propia el peso de la ley, cuando se supone que era la parte agraviada, de entrada a levantar la demanda que consiste en dar todos los pormenores de los hechos.
Que si reconoce a los agresores, que si estaban seguros de que eran mujeres y hombres, maestros, así uno tras otro, solo faltó que les preguntaran la dirección de sus agresores y les dieran esposas para que los agarraran.
Luego vino el examen médico, para valorar el tipo de lesiones, si es que las hubo, para valorar el daño causado por el gas pimienta que les fue arrojado al rostro, este paso es insalvable.
Lo mismo que el examen psicológico, supuestamente para ver el grado de afectación emocional o posible trauma tras la agresión de que fueron objeto, aunque existe la sospecha de que los quejosos están “cucus”.
Si no de qué forma se explica que al dicho examen tarde TRES HORAS, tiempo en que se lleva un humano en contestar 400 PREGUNTAS sobre toda su vida, desde la escuela, sus familias, relaciones y todo todo.
Luego viene la presentación de pruebas, como videos, fotografías y además de dos testigos presenciales y oculares para avalar lo dicho en la demanda que se ha presentado.
Y ahí siguen con su tortuguismo burocrático, luego vienen las audiencias con el personal que mandan de oficinas centrales, viene un fiscal, agentes y una abogada y a comenzar otra vez.
Como si no tuvieran ya suficientes elementos, mientras averiguan o los mandan, se pasan los meses y los días, mientras los agresores se pasean por las calles muertos de risa.
Por eso, al igual que la gente en las colonias y los pueblos, los periodistas en esta situación de realidad, indefensión y coraje deben actuar con cabeza fría y buscar la autodefensa. No hay de otra.
Lo que llama la atención es la actitud asumida por los gobiernos federal, estatal y municipal, quienes han puesto en marcha sendos operativos de seguridad, “Una Mano Amiga” en la zona de Calpulalpan.
También se encuentra el operativo “Tauro” en la zona sur del estado y hace unas horas el llamado “4x4”, que significa retenes con policías y soldados encapuchados por todos lados.
Esto bajo el amparo del combate a la delincuencia y la prevención de los delitos, lo cierto es que los retenes son anticonstitucionales porque atentan contra la integridad del ciudadano y sus bienes, sin mediar la orden de un juez.
De todas formas, a quienes fueron electos por el voto, ahora ordenan bajar a las familias de sus autos, a los comerciantes, a los empresarios porque todos somos sospechosos de ser delincuentes.
Lo malo es que hombres con capuchas negras, con un gafete que dice S. Molina, con metralleta al hombro exigen documentos, bajan a la gente para revisiones y eso es un estado de sitio.
Sin embargo no paran los muertos, en Tlaxcala hay ejecutados, gente que aparece muerta, descuartizados, robos, asaltos violentos aunque la gente esté en sus casas, que hable el edil de Chiautempan, si no es cierto.
No hay manera de identificar a estos sujetos encapuchados, su actitud es sospechosa, tal y como ocurrió a plena luz del día en la carretera Muñoz-Apizaco, donde se montó un feroz operativo.
Todos vimos con sorpresa como paso de largo, hasta eso despacio una camioneta blanca de las lobo a ojos vistos totalmente blindada, atrás un convoy de tres camionetas suburban negras con vidrios polarizados.
La caravana tuvo el paso libre, no fueron molestados y eso no es tolerable.
Pero esta militarización de Tlaxcala tiene otro efecto, precisamente por encontrarnos en pleno proceso electoral, la presencia de encapuchados y armados inhibe las reuniones, la gente no acude a los mítines.
En el peor de los escenarios, el día de las votaciones y si hay demasiada seguridad, ni siquiera la gente va a salir a emitir su sufragio, no sea la de malas que a uno de estos brutos se les vaya a salir un tiro o pase otra cosa.
Es por eso que preguntamos de quién nos tenemos que cuidar, quién nos va a defender si ante agresiones se opta por el camino de la impunidad, escudado en la burocracia.
Por eso hay que buscar la autodefensa, para que las y los reporteros pidan de favor a su familia que le pongan su libreta, su pluma, su grabadora, su cámara y su cilindro de gas, por las dudas… Y QUE SEA LO QUE DIOS DIGA.