En 2006, al inicio de su administración, el otrora Presidente Felipe Calderón tomó una de las decisiones más complejas y delicadas de su mandato: ordenar un operativo militar en contra del crimen organizado en Michoacán. Era parte de una estrategia integral que incluía la depuración de los cuerpos policiacos (estatales y municipales); terminar con la corrupción e impunidad y conformar el mando único.
En aquel tiempo la inseguridad en Michoacán, como ahora, era evidente; tenían alrededor de 400 ejecutados y la población demandaba a su autoridad local condiciones que garantizaran la seguridad. Por ello, el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel solicitó el apoyo federal. El Gobierno de la República comprometió la presencia militar para recuperar el territorio que habían invadido los delincuentes, depurar las policías, así como acciones específicas para reconstruir el tejido social.
Seis años después y con un sinfín de críticas al operativo en cuestión, adicionado con conflictos magisteriales, creación de grupos de autodefensa, entre otros, el Secretario de Gobernación presentó las acciones para garantizar el orden en ese Estado, ante las dramáticas condiciones de los michoacanos, lo que significa la entrada del ejército para apoyar las actividades del Secretario de Seguridad Pública Estatal, el general Alberto Reyes. No omito señalar la petición expresa de ayuda del Gobernador Interino (poco pudo hacer como Secretario de Gobierno) ante la casi ingobernabilidad en la entidad.
El responsable de la política interna, ante el cuestionamiento de la temporalidad, dijo: “saldrán en el momento en que estén las condiciones no sólo de seguridad, sino que el gobierno del estado de Michoacán tendrá la fuerza de seguridad para continuar con el trabajo que ya estamos desarrollando”. Y cuál es la diferencia con lo manifestado por la Administración Pública Federal anterior porque, en términos generales es lo mismo, sin mencionar que es Michoacán.
Los soldados participarán directamente en las tareas de seguridad para contener la violencia y al crimen organizado. Es sacar a los militares de sus cuarteles… Es cierto. Pero ¿no es lo contrario de lo que se había comprometido? Durante la campaña electoral del 2012, el candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña, afirmó: “Hay que combatir al crimen organizado y al narcotráfico, y a cualquier actividad que esté fuera de la ley. El Ejército gradualmente tendrá que ir regresando a sus cuarteles y sustituir su presencia con instituciones del Estado mexicano, civiles que acrediten por un lado el uso de mayor fuerza a la presencia territorial y el uso de mayor inteligencia para dar golpes específicos en el combate a la inseguridad”.
En el lanzamiento de la estrategia ya se vivieron momentos de tensión cuando civiles retuvieron a 28 militares, porque habían detenido a cuatro integrantes de un grupo de autodefensa. Luego de horas de negociación, fueron liberados.
Ante la obvia contradicción entre los dichos y los hechos, el Secretario de Gobernación nos dice a todos los mexicanos que existen “diferencias” de esta estrategia con respecto a la desarrollada en el sexenio pasado y, todavía más, nos informa que hay coordinación y claridad de objetivos.
Tal cual se manifestó en el sexenio anterior, se requiere del esfuerzo coordinado para combatir a los delincuentes y depurar las policías locales y municipales, la tarea transita necesariamente, por la sustitución de los elementos ineficientes y corruptos, decir algo distinto es simulación. Si hoy se sabe quiénes y en dónde están, es por el trabajo realizado años atrás. Que fácil es agregar palabras para intentar cambiar la narrativa y/o modificar la percepción ante la incontrovertible realidad: en esencia es lo mismo.
Bueno, la única diferencia que encuentro, con respecto a 2006, es que el titular del Gobierno Estatal (constitucional e interino) pertenece al mismo Partido que el Presidente de la República, con lo cual no existirá obstrucción ni dilación en las acciones.
RECUENTOS
En Tabasco, la autoridad local detectó poco más de 88 millones de pesos, que se presumen eran guardados ilícitamente por el ex secretario de finanzas en un taller mecánico, en circunstancias poco claras y con incertidumbre ante acusaciones de tortura. Como siempre, los priístas encontrarán la forma de explicar qué pasó, con el menor saldo en contra.