Tras unas elecciones locales que evidenciaron la existencia de una “¿democracia?”, donde los órganos encargados de protegerla son los que más la lastiman; después de una larga discusión en el Instituto Federal Electoral sobre las sanciones impuestas a los partidos políticos tras el proceso federal del 2012, que hizo notar fallas en los procesos de fiscalización, entre otras. Se hace evidente la necesidad de hacer una reforma política integral.
Por ello es que los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa político-electoral que busca acotar el poder del Presidente de la República y dotar de mayores facultades al Congreso de Unión, misma que se discutirá en el pleno del Congreso de la Unión.
Para ello hay que modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas secundarias. Y propone la creación de leyes como la de réplica y la de propaganda gubernamental.
En términos generales, en 30 puntos la iniciativa abarca la manera en cómo se accede al poder, cómo hay que ejercerlo, y cómo fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto político como electoral. Lo que no incluye, por el momento, es la reforma política del Distrito Federal.
En el acceso al poder, es necesario considerar candidaturas independientes; la posibilidad de que los partidos pierdan su registro si rebasan los topes de campaña; la intervención subsidiaria de la Federación en casos graves de alteración social, debilidad institucional, amenazas o riesgos a la seguridad o gobernabilidad democrática. La Federación podría asumir las funciones de los órdenes locales y declarar la desaparición de poderes, si los órdenes de gobierno locales no tienen la capacidad de mantener su estabilidad política o social.
En el planteamiento del Ejercicio de Poder, sobresalen temas como la segunda vuelta electoral, la reelección de legisladores y autoridades municipales, la creación de un Jefe de Gabinete que sea aprobado, junto con todo el gabinete, por mayoría del Congreso y que todas las iniciativas del Presidente sean razonadas ante el pleno de la cámara de origen, incluido el Programa Nacional de Desarrollo.
Incluye también la moción de censura, por la que puede ser removido un funcionario del gabinete presidencial, es decir, quitarle el fuero. Plantea aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad y los Tratados internacionales que se aprueben en la materia. Establece la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Recomienda que el Senado tenga la facultad para desaparecer órganos electorales locales, así como para sancionar la estrategia nacional anticrimen.
Con las nuevas reglas electorales propuestas se pretenden endurecer las sanciones a los que violen los topes de campaña, así como tener controles eficientes en la fiscalización.
Ya dijo el Senador Cordero que esta iniciativa “no se adelanta a la que presentarán los tres partidos y el gobierno de la República en el marco del ‘Pacto por México’… la reforma no riñe con ningún otro esfuerzo legislativo que se presente en la materia… estaremos promoviendo un concepto integral”.
Este ejercicio no pretende confrontar a las dirigencias partidistas. Finalmente se tendrá la oportunidad de discutir éste y otros proyectos sobre el tema, en las respectivas comisiones dictaminadoras. Por esto es que a este esfuerzo por robustecer el funcionamiento de nuestro sistema político estamos llamados todos los actores políticos: presidentes de partido, coordinadores parlamentarios en el Congreso de la Unión y hasta el Presidente de la República. Todos tenemos que participar, aportar conceptos técnicos y jurídicos sólidos, que sustenten los consensos necesarios para alcanzar una reforma integral, consistente y congruente, que garantice un estado democrático con reglas muy claras para todos.