Para muchos empieza a resultar ya una cruda realidad, las consecuencias producto del “mayoriteo” retrógrada generado durante la LX Legislatura del Congreso del Estado, el cual fue protagonizado por los ex diputados de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de algunos ex legisladores de otros partidos que le sirvieron de aliados para aprobar iniciativas de ley y reformas patrocinadas por el Ejecutivo estatal, las cuales fueron presentadas con severas irregularidades, aspecto que las deja en claro estado de vulnerabilidad ante una revisión apegada a derecho; por lo que resulta significativo que, tras la integración del bloque de oposición -que representa una nueva mayoría-, a las políticas del gobierno marianista recientemente conformado en el Congreso local, entre los temas que tienen ya en la mira, destaquen tres: la aprobación de la reforma al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Municipal de Tlaxcala por medio de la cual se quitan recursos y facultades al Registro Civil en los Ayuntamientos; la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles que afecta a miles de trabajadores, y la revisión de la cuenta pública de la LX Legislatura.
La aprobación de la reforma al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley Municipal de Tlaxcala que entre otras afectaciones, quita recursos que los municipios percibían producto de los trámites hechos por el Registro Civil de cada municipio; así como las facultades que eran propias del ayuntamiento para designar al titular de esta área, nace de raíz tendiente al fracaso, ya que presenta, como varios alcaldes ya lo han manifestado, un claro “retroceso hacia el centralismo”, donde quien resulta favorecido es el gobierno del estado a costa de los municipios. Sin embargo, tal reforma fue aprobada por la legislatura pasada en medio de una sesión llena de irregularidades e inconsistencias, donde inclusive el entonces presidente de la Mesa Directiva, el ex diputado Tulio Larios Aguilar confundió el artículo 555 con el artículo 556, por lo que los diputados votaron un artículo por otro lo cual no se corrigió, en consecuencia las modificaciones al artículo 556 nunca fueron votadas, sin embargo y en clara falta dichas modificaciones sí fueron enviadas para su publicación en el Diario Oficial.
Ante tales circunstancias, en varios municipios ya se tramitaron amparos en contra de estas reformas por considerar que van en perjuicio de los municipios, y se espera que en los próximos días se sigan sumando amparos en este sentido. Por lo pronto, algunos diputados del bloque opositor en el Congreso, ya estudian la posibilidad de echar abajo tal reforma debido a las irregularidades con las que fue votada, o en su caso podrían presentar una nueva reforma para devolver a los municipios las facultades y captación de recursos que les fueron quitadas.
Por su parte la aprobación en fast track de la nueva Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, que se dio en octubre pasado, al igual que la reforma antes mencionada, estuvo llena de irregularidades que fueron pasadas por alto por los diputados priístas y sus aliados, la mayoría de los cuales por cierto la votaron a favor sin siquiera conocer su contenido; asimismo, dicha ley que se hizo en lo oscurito, por supuesto, no contó con el consenso u opinión de las partes involucradas como los diputados que no estaban integrados en la lista de los que presentaron la ley, los sindicatos o los miles de trabajadores que son finalmente los más afectados, ya que en la pasada reforma a la Ley de Pensiones Civiles que fue aprobada por este mismo grupo a fin al gobierno, varios de los artículos resultaron violatorios de los derechos de los trabajadores, y en primera instancia fueron declarados inconstitucionales, y sólo se esperaba el resolutivo final de la SCJN, pero antes de que se emitiera dicho resolutivo, se presenta sorpresivamente esta nueva ley, que los trabajadores califican también de violatoria; por lo que iniciado el 2014, ya se presentaron cientos de amparos, y también se espera que en los próximos días se sigan sumando más amparos en defensa de los derechos de los trabajadores.
En este sentido, el actual bloque opositor en el Congreso ya tiene previstas reuniones con la parte afectada y posiblemente en este mismo periodo se presente alguna propuesta para reformar dicha ley. Aquí es importante que los diputados analicen debidamente dicha propuesta de modificación a esta ley, donde se prevalezca la defensa de los derechos de los trabajadores, pero de haber excesos también sean tomados en cuenta.
En lo tocante a la aprobación o no de la cuenta 2013 de la pasada legislatura del Congreso del Estado, donde el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso declaró en este sentido, en días pasados que, no se tolerarán acciones que pongan en riesgo el patrimonio del Congreso; por lo que dijo que se denunciarán las inconsistencias que se detecten, y es que no es lógico que con el millonario presupuesto anual destinado al Congreso local, en toda la legislatura, se mantuvo un equipo de cómputo obsoleto, no se adquirió equipo nuevo, no se contó con el mínimo de equipo y material básico de oficina para que los diputados pudieran cumplir con sus funciones, no hubo cambio o rehabilitación de mobiliario y se trabajó prácticamente con lo que dejó la LIX Legislatura. Aquí es importante señalar que ni el ex diputado Eloy Berruecos, quien por cierto nunca presentó al menos una iniciativa de ley o exhorto, ni el ex diputado Tulio Larios, a quien acusaron en su momento de dedicarse más a colocar familiares y conocidos suyos en los órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), ni el ex diputado Rafael Zambrano que estuvieron un año cada uno, al frente del Comité de Administración del Congreso del Estado movieron un dedo para atender tales faltantes.
Entonces llama la atención saber, en qué se gastaron dichos recursos, donde en repetidas ocasiones varios diputados acusaron además inequidad y favoritismo en la distribución de los mismos, aunque también llama la atención, por ejemplo, la apertura de negocios como el bar conocido como “La Patrona”, donde el primero de estos ex legisladores tiene intereses. Ante todo esto, y otras linduras tiene enorme significado la declaración del diputado presidente de revisar a fondo la cuenta de la pasada legislatura y en su caso denunciar posibles faltas. Lamentablemente, resulta contradictoria la declaración que días antes hiciera el actual diputado Santiago Sesín Maldonado, Presidente del Comité de Administración donde por un lado acusa excesos, sólo en el último año de la pasada legislatura y por otro dice, nosotros no vamos tras ningún compañero. Aquí es conveniente advertir que no se trata de ir tras de nadie, sino aplicar la ley, pero además hay versiones que ya acusan a Sesín Maldonado de querer a toda costa Direcciones en el Congreso en lugar de cumplir con sus funciones.
Por lo pronto, nadie puede garantizar que las reformas marianistas vayan a permanecer, y este año quizá se generen cambios importantes en las leyes, esperemos las posibles modificaciones que se presenten sean para bien.