El término “transparencia”, esencialmente ha sufrido una perversa degradación por parte del Poder gubernamental en México y en mayor o menor grado, en las entidades que lo conforman, debido entre otras cosas, a que el uso de este término ha convenido a los intereses de los gobiernos para dar una falsa idea a los ciudadanos de que su proceder es “transparente”, pero como la credibilidad hacia los gobernantes va en declive, ha sido necesario crear una legislación que solape el ocultamiento de información pública importante, llamándola ahora “información reservada”, o información de acceso restringido”.
El término “transparencia” en sí mismo, es entendible, pero llevado al uso gubernamental debe, su definición ser descrita para no confundir a los ciudadanos.
Lamentablemente, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala en su artículo 6 al que corresponden la definición de los términos utilizados recurrentemente en esta ley, curiosamente la definición del término, “transparencia” no está incluida; por tal motivo, es que la deberemos entender en su sentido literal, aun cuando el término haya sido corrompido, prostituido, ensuciado.
Es así que, aun cuando en los entes del Poder gubernamental haya ocultamiento de información, pero si la ley lo permite, y las dependencias que califican su actuar, como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a nivel federal, y la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (Caiptlax) en nuestro Estado, lo avalan, con el ridículo pretexto de proteger los derechos del gobierno quien a estas alturas, prácticamente se ha adueñado de la información pública, podrá decirse que cumplió con la ley, y entonces lograr obtener un grado determinado de “transparencia”.
Y conste que estoy hablando de “información pública” convertida a “información reservada”, o “información de acceso restringido”, no así, de los denominados “Datos Personales” de los cuales se entiende su supuesta protección.
Y es que resulta preocupante el solapamiento por parte de quienes ejecutan la Ley de Información, al permitir el ocultamiento de información gubernamental, con lo cual han solapado por ejemplo, el ocultamiento del paradero de más de mil millones de pesos que durante el año pasado gastó el gobierno representado en sus tres poderes, y a la fecha no se ha conocido comprobación al respecto.
Pero, en alusión a lo voluble de la legislación en la materia, los legisladores aprobaron esas cuentas públicas de los entes que gastaron y no comprobaron dichos recursos; por lo que los gobiernos municipales, estatal; así como otros entes, automáticamente, se adjudican una imagen de “gobierno transparente”.
Pero eso no es lo más grave, pues de existir el descubrimiento de un delito comprobado por mal uso de los recursos públicos, saberlo de nada sirve, ya que esta ley no es sancionatoria, por lo cual de no existir alguna acusación por parte de otro actor en alguna instancia judicial, y por supuesto que, en el caso de existir algún delito el culpable sea enjuiciado y sentenciado, éste seguirá tan transparente y gozando de libertad.
Por otra parte, se nos ha dicho que de querer conocer alguna información que no haya sido mostrada por el gobierno, se puede hacer a través de la Caiptlax en el caso de nuestro estado; pero aquí la ley pone un sinnúmero de candados al acceso a la información, que en la mayoría de casos, el ciudadano que solicita información opta por dejar el trámite a medias, ya que aunque se dice que la consulta es gratuita, evidentemente los trámites y los días que se necesitan destinar para estos trámites, sí representan un gasto de recursos.
De cualquier manera, si tal información se califica como “información reservada”, o información de acceso restringido” él ciudadano sólo habrá gastado inútilmente sus recursos y su tiempo. Curiosamente, la ley permite la intervención del mismo gobierno para decidir cuando una información debe ser reservada.
Pero, aun así, los gobiernos siguen presumiendo calificaciones favorables sobre “transparencia”, término que como hemos visto, al ser utilizado por el Poder gubernamental, se puede transmutar en exactamente lo contrario, pero como el significado y el significante de este término, a los ojos de los ciudadanos, sigue siendo el mismo, a la “transparencia” la han convertido en una herramienta del Poder gubernamental para legitimar la suciedad del proceder verdadero de los entes de gobierno o “Sujetos Obligados” como los llama la ley.