Esto con el afán de quitar el ya tan mencionado hartazgo social, derivado del alto grado de inconformidad de los ciudadanos; en relación a la corrupción y la toma de decisiones de nuestros gobernantes. Y así disminuir aquella inconformidad del rumbo que lleva nuestro país y por su puesto nuestro estado.
Cabe mencionar que “de acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, al realizar una encuesta en el año 2016, 7 de cada 10 personas consultadas dijeron estar inconformes del rumbo que lleva el país.” Y claro, como no estar en discrepancia, si de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, que se elabora por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 123 de 176 países.
Dicho estudio arrojo que “los funcionarios del gobierno asumen responsabilidades o salen impunes de casos de corrupción; la percepción de la prevalencia del soborno y si las instituciones públicas responden a las necesidades de los ciudadanos.” También recalcar dentro de la escala nacional que Tlaxcala ocupa el lugar número nueve de los diez estados con mayor corrupción, de acuerdo el INEGI, por cada 100,000 habitantes, 28,771 incurre en actos de corrupción.
Dadas estas situaciones, las instituciones públicas no responden adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos; tampoco ayudan al crecimiento de nuestro país y vivimos ciclados en la incertidumbre, de que puede suceder con la gestión pública de los recursos.
Sin embargo aunque conocemos el estado actual de la situación, continuamos con el ciclo, pero si tan solo utópicamente eligiéramos otro camino que no lleve al sector público y pudiéramos reducir los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, invirtiéndolos en políticas públicas redituables, que generen progreso al ciudadano y también al país, dándole prioridad alta a la sociedad y a las acciones que realiza, por pura utopía tendríamos nuestra gestión pública con mayor impacto.
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