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En grupos muy heterogéneos se han dado las manifestaciones: desde las posturas más radicales como la de las autodefensas, hasta acciones más moderadas pero igual de contundentes como las de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.
El Estado mexicano susurra, adula, promete, e incluso amedrenta y amenaza con una bandera constante: no más corrupción, mejor justicia. Sin embargo, la ciudadanía ha empezado a pasar del reclamo, a la invisibilidad de las instituciones que no funcionan. No se presentan denuncias y mejor se solucionan los temas con arreglos entre particulares. No se inscriben los bienes en el Registro Público y se extienden constancias ciudadanas; hay divorcios de hecho, y no se hacen los trámites legales correspondientes. En el peor de los casos, hay linchamientos o embargos ciudadanos. La lista es extensa y abundante.
Consiente de esta situación, el gobierno mexicano prometió una transformación del derecho mexicano. Primero fue la reforma penal, después la reforma contra la corrupción y posteriormente la propuesta de una justicia cotidiana. La justicia cotidiana, se explica en el documento Diálogos por la Justicia Cotidiana “es la justicia más cercana a las personas, la que vivimos día a día en nuestras interacciones ordinarias, la que facilita, la convivencia armónica de la paz social”. Sin embargo, el proyecto de justicia cotidiana ha caído en una paradoja pues se enfermó de la propia enfermedad que pretendía combatir: la lentitud burocrática.
Ciertamente, uno de los pilares de la justicia cotidiana era hacer de nuestros sistemas jurídicos un mecanismo menos burocrático, menos lento y mucho más inmediato. Hoy esta iniciativa ya quedó atorada en la puerta de la burocracia. Ciertamente, la propuesta está encaminada a atender diversos rubros: resolución de conflictos de fondo, justicia laboral, justicia civil y familiar, organización de los poderes judiciales, armonización de los registros públicos inmobiliarios y catastros. A la fecha ya se han oficializado algunos cambios. Pero quedan pendientes varios. Uno de los pendientes es el de la reforma a los artículos 16 y 17 en materia de resolución de fondo de conflicto. Esta reforma ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y enviada a las entidades federativas para su aprobación el día 28 de abril del presente año, pero las entidades federativas aún no han enviado su votación. El contenido de la reforma es concreto; por un lado se establece que “en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo” por otro lado también se indica que “ siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.
Sea como fuere, es importante recordarle al Estado mexicano que ya hay un número de temas esperando en la fila de proyectos de buena voluntad. Aún no ha terminado de pasar la reforma penal, sigue esperando la reforma anticorrupción su aterrizaje en las entidades federativas, pero el colmo es que también la justicia cotidiana ya se unió a la fila de temas pendientes. No sigamos agrandando la fila.
* Especialista en derechos humanos. Es licenciado en derecho y cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido asesor de políticas públicas en gobiernos municipales y legislaturas estatales. Cuenta con obra publicada en materia de derechos humanos y argumentación jurídica.