Twitter: @rodolfomoreno_o
En los últimos días es fácil encontrarse no con una ni con dos, sino con muchas más personas, sociedades o empresas que instalan centros de acopio para nuestros damnificados. A nivel micro, en los lugares afectados, encontramos centros de acopio en los parques, los cines, los estacionamientos, las instituciones públicas. Por otro lado también escuchamos reclamos de los damnificados en el sentido de que no están recibiendo la ayuda, que la ayuda se está politizando o en el peor de los casos que simplemente han desaparecido esos apoyos. Ahora bien, a nivel macro se ha dicho (desconozco si es real o falso) que hay donaciones importantes por empresas transaccionales para el país (Facebook, google, etc). Y a todo esto ¿Quién ha donado? ¿Cuáles son los montos? Pero sobre todo ¿Dónde están las donaciones de ayuda a los damnificados?
Desde luego esta reflexión no debe ser motivo para desalentar dichas donaciones. Ni tampoco se trata de fomentar una burocratización que complique más la llegada de los apoyos. Al contrario, necesitamos ayudar y todavía más. Lo que sí es importante hacer es transparentar y fiscalizar dichas donaciones. Hay dos vías.
Una vía es hacer cumplir las leyes nacionales. Efectivamente, en México, son diversas leyes las que regulan este tipo de situaciones. Resulta paradójico que se hubiera dado una resistencia a la donación de partidos políticos (ahora ya superado) y que por el contrario aún no se considere que con la situación de opacidad y caos que existe en torno a las donaciones restantes se estén violentado diversas leyes, precisamente por una omisión de los gobiernos federales o estatales según sea el caso. Ciertamente, el gobierno federal o las entidades federativas no han transparentado en sus diversas páginas oficiales, los montos, destinos y criterios de distribución de las donaciones. No existe un padrón de personas o instituciones públicas y privadas (ya no autorizadas pues sería mucho pedir) que han realizado ayuda humanitaria, por algún concepto (recolección, ayuda material, donación). Solo a nivel Federal, las leyes no observadas y a las que aludo son las siguientes: Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo, Ley de Asistencia Social, Ley de Economía Social y Solidaria, Ley de Vivienda, Ley Federal de Consulta Popular, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección Civil, ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras.
Ante este panorama poco alentador, algunas voces de la sociedad civil han propuesto una segunda vía: la creación de un fondo común con la finalidad de dotar de mayor eficacia y eficiencia pero sobre todo hacer un uso transparente de los apoyos. La idea es acertada. Si la sociedad civil mexicana puede resolver sus problemas, también debe estar autorizada para fiscalizar el propio recurso por ella generada.
* Especialista en derechos humanos. Es licenciado en derecho y cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido asesor de políticas públicas en gobiernos municipales y legislaturas estatales. Cuenta con obra publicada en materia de derechos humanos y argumentación jurídica.