No por casualidad la erradicación de la pobreza extrema y el hambre constituyó el primer objetivo del Milenio. Con todo ello, la pobreza sigue siendo la catástrofe del mundo. Y en México la situación es completamente desalentadora. La culpabilidad viene desde dos escenarios: el internacional y el nacional.
Por lo que se refiere al escenario internacional, la culpa ―no puede ser de otra manera― corresponde a los países altamente desarrollados. Al respecto, el filósofo Thomas W. Pogge en su ya consagrado ensayo “The First United NationsMillennium Goal: A Cause for Celebration?” Alzó la voz y escribió que “Los países ricos y sus ciudadanos se hayan pues implicados en la pobreza global de dos modos. Estamos involucrados, en primer lugar, porque nuestras grandes ventajas y privilegios, así como su extrema pobreza y desventaja han emergido a lo largo de un único proceso histórico dominado por crímenes inimaginables”. Y agrega que además “estamos implicados porque estamos empleando nuestras ventajas económicas, tecnológicas y militares para imponer un orden económico que es manifiesta y agravantemente injusto”.
Con respecto al escenario nacional, la culpa también tiene doble vertiente. En primer lugar, el gobierno federal y los gobiernos locales son culpables en la medida que aplican programas inoperantes. En segundo lugar, son culpables aquellas y aquellos ciudadanos que ―paradójicamente teniendo o no satisfechas todas sus necesidades― la pobreza es algo que no les preocupa pues “cada quien debe arreglárselas como pueda”. Esto último es necesario subrayarlo.
Efectivamente, a simple vista pareciera ser que el problema de la pobreza es puramente de naturaleza administrativa pero también involucra al entramado social. Cierto, los Poderes Públicos tienen responsabilidad, pero ―es necesario reconocerlo y enfatizarlo― hay responsabilidad ciudadana. Desde luego, esta afirmación no busca exonerar de responsabilidad, al contrario, lo que se pretende indicar es que el problema es complejo y no es tema de unos cuantos. Y el cambio, si es en serio, debe empezar por la concientización ciudadana (al final de cuentas los gobernantes también son ciudadanos, aunque con una doble responsabilidad). En suma, tenemos una problemática grave, hay que empezar a buscar alternativas y el centro de atención está en la responsabilidad ciudadana.
La ciudadanía mexicana debe replantearse su compromiso para acaban con la pobreza. En un documento citado ya multitud de veces y elaborado por Federico Reyes Heroles[1] hace algunos años exhibió el pensamiento de la ciudadanía mexicana quien afirmaba que “violar la ley no es grave sino ser sorprendido” o que se “aprueba que se ayude a parientes y amigos si se está en un alto cargo público”; o que “vale más vale tener dinero que tener razón”. Si esto piensa la ciudadanía, ¿Qué podrá esperarse de nuestros gobernantes?
Efectivamente, en estas condiciones, no hay únicamente causa y efecto, hay causa y efecto recíproco. Los poderes públicos no se integran por extraterrestres o seres ajenos a la ciudadanía. Son, primeramente, ciudadanos; y después, gobernantes. Un pueblo con cultura cívica y responsabilidad ciudadana augura no solo convivencia social sino también buenos gobernantes.
[1] Memorial del mañana, México, Tauros, 1999. P 172