• Ángelo Gutiérrez Hernández
El uso faccioso del Estado y de sus instituciones es uno de los genes fundamentales y principales que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha utilizado para mantenerse en el poder y ahora, que está a nada de regresar a la oposición, hacen y harán todo sin importar la ilegalidad y atentar contra el estado de derecho.

 

Muestra de ello es la destitución indebida de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), hombre que no se sujetó a los designios del PRI y del gobierno de Enrique Peña Nieto, que están resueltos a torcer la legalidad, como lo han hecho en las recientes elecciones estatales, para tratar de evitar lo que parece inevitable, su derrota electoral el próximo 1 de julio.

La destitución de Santiago Nieto se dio después que diera a conocer al diario Reforma que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de desvío de recursos a favor del PRI durante la campaña presidencial de 2012.

De acuerdo con esa información, la Fepade abrió una carpeta de investigación para indagar si parte de los supuestos sobornos por 10 millones de dólares que habría dado la empresa Odebrecht a Lozoya habrían financiado la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

Es decir, la deposición del funcionario fue porque quieren tapar las porquerías e ilegalidades que cometieron en los comicios presidenciales de 2012 con tal de regresar a Palacio de Gobierno.

Hay que recordar que durante la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya era el coordinador de Vinculación Internacional.

Por ello, es evidente que Santiago Nieto estaba realizando investigaciones de manera comprometida con el país. Es correcto que se investigue un posible soborno, una posible entrega de recursos y posible vínculo con una campaña presidencial porque esa es su función y ésta debe hacerse de manera institucional, sin distingo de partidos ni colores.

Eso fue lo que estaba haciendo Santiago Nieto y eso le costó la cabeza, sobre todo, en un país en donde actuar conforme a derecho y afectar los intereses del Ejecutivo y del PRI-Gobierno es ir en contra del sistema.

Es muy delicado que el PRI-Gobierno quiera seguir utilizando el sistema de justicia para sacar ventaja.

Esa medida es delicada pero sus repercusiones son todavía peores, son muy graves, ya que confirma el uso faccioso de las instituciones del país para saciar intereses de poder, político y económico, de unos grupos.

Y es triste porque demuestra que habrá impunidad, porque esta decisión tomada desde Los Pinos confirma que en contra de Emilio Lozoya nunca habrá acción penal en México y hace perder la esperanza que al menos con este PRI-Gobierno pueda haber una PGR hoy o una Fiscalía General después autónoma e independiente.

Pero es grave porque manda un mensaje y retrata muy bien cómo habrán de actuar en este proceso electoral que ya está en camino. No se detendrán en el uso de recursos públicos, de las instituciones, como ya lo ha hecho en los comicios en los estados.

Los blancos de esos embates son y serán los árbitros electorales y los órganos jurisdiccionales. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán las instancias en las que esas estrategias se enfocarán; también lo serán los organismos electorales locales.

Todo aderezado de la actuación de los gobiernos priistas estatales, como el de Tlaxcala y desde luego, las dependencias del gobierno federal, que con los miles de millones de pesos que tendrá y las necesidades de la población, serán una fórmula que buscarán explotar para tratar de frenar los sueños, esperanzas y clamor social de alternancia.

Por eso, desde estas líneas apoyamos la medida que nuestros compañeros y amigos del PAN habrán de impulsar en el Senado de la República, para que, de acuerdo con el artículo 102 constitucional, se ejerza esa facultad de objetar nombramientos y remociones delos fiscales especializados, para lo cual requieren el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes. 

Finalmente hoy en el México gobernado por el PRI no tenemos: 
* Procurador General de la República.
* No hay Ley Orgánica de la Fiscalía General.
* No hay Fiscal Anticorrupción.
* No hay Magistrados Administrativos especializados en Anticorrupción 
* No hay Fiscal para Delitos Electorales.
* No hay Encargados de Sancionar y Perseguir  actos de Corrupción. 

Solo en México pasa esto...