por qué no emplear este tipo de conceptos para mostrar la incapacidad, o deslealtad del gobierno priista en el país respecto de su simulación en el combate a la problemática que aqueja a los mexicanos; de ahí que se pueden utilizar términos como “pobreza forzada” e “inseguridad forzada”, que no significan más que forzar dicha problemática para obtener beneficios para una minoría en el poder a cambio del sufrimiento de los mexicanos.
Y aquí salta la pregunta: ¿quién y para qué estaría forzando la desaparición de personas, la inseguridad y la pobreza en el país?
En este sentido, y a la viejísima usanza del PRI en el gobierno que no parece cambiar; en tiempo de elecciones con mayor agudeza parte importante de los recursos públicos han ido a parar a campañas políticas, y la mayoría de la parte restante se queda en los bolsillos de una minoría acaudalada, mientras el pueblo ha sufrido estas crisis económicas forzadas durante prácticamente todas las décadas que ha gobernado el priismo, y que se exacerbaron en los años setentas, ochentas y noventas, pero que lamentablemente en el presente sexenio tras la corta transición, las crisis económicas están de regreso.
Es así que por ejemplo de acuerdo al organismo México Mágico con datos del Banco de México y el Banco Mundial desde la década de los treintas hasta 1975 en México la crisis económica en cuanto a deuda externa se mantuvo por debajo de los 20 mil millones de dólares (mmd), sin embargo ésta se disparó en el último año de gobierno de Luis Echeverría hasta aproximadamente los 30 mmd con alguna variación a la baja en los primeros años del gobierno de José López Portillo, pero que poco antes y en último año de su sexenio la deuda se disparó hasta más de 90mmd.
Así con Miguel De la Madrid la deuda creció hasta cerca de los 100mmd, y después hubo una disminución casi a los 50mmd; y en el caso de Carlos Salinas de Gortari prácticamente durante los primeros cinco años de su gobierno la deuda externa tuvo una tendencia a la baja hasta cerca de los 20mmd, sin embargo en el último año de su gobierno la deuda volvió a crecer drásticamente llegando a los 40mmd, y en el sexenio de Ernesto Zedillo continuó el crecimiento de la deuda a cerca de los 50mmd en 1995, y fue a partir de ese año que la deuda fue disminuyendo gradualmente hasta los 10mmd aproximadamente.
Durante los sexenios panistas no hubo una constante en el manejo de la deuda externa; ya que mientras Vicente Fox mantuvo la tendencia a la baja hasta llegar a los cerca de 5mmd, con Felipe Calderón la deuda creció nuevamente hasta rebasar los 10mmd.
Y en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña marcaron una tendencia a incrementar la Deuda Externa y la Interna, cerrando 2014 con un 10.33% del PIB llegando en 2015 a cerca de los 20 mmd de deuda, es decir tan sólo en los primeros tres años de su gobierno la deuda prácticamente se duplicó con relación a la situación de la deuda mexicana cuando recibió el gobierno.
Es de esta manera que en su mayoría los gobiernos emanados del PRI no han podido, o no han querido estabilizar la situación de la deuda externa que ha afectado a México drásticamente luego de la Revolución y hasta la actualidad con crisis económicas que curiosamente sólo han golpeado a los gobernados, pero la clase política en el poder ha vivido en medio de una riqueza insultante.
Por otra parte, y todo parece indicar que los recursos públicos federales de 2017-2018 etiquetados, o destinados a Tlaxcala no han estado ejerciéndose adecuadamente, y seguramente no se ejercerán adecuadamente el próximo año como en las demás entidades, simplemente porque está en marcha el proceso electoral federal y local en muchos casos, así como a consecuencia de las famosas reformas estructurales en la primera parte del sexenio de Enrique Peña Nieto que no han hecho sino magnificar la brecha entre ricos y pobres.
En los sexenios de gobiernos priistas las crisis económicas que azotaron al país se hacían más agresivas inmediatamente después de dejar el cargo el presidente de la República en turno, mientras que el entrante con promesas de supuesta justicia que nunca llegaba; pero lo que si llegaba era otra crisis económica igual o más agresiva que la anterior como siempre a costa de la pobreza e inseguridad social de los mexicanos.
En el presente sexenio según se mira, el gobierno de EPN no ha guardado la crisis para después de dejar la presidencia; sino que la soltó poco a poco prácticamente desde el principio de su gobierno que ha estado lleno de gasolinazos; debilitamiento de la economía y de la política social; así como un aumento constante de precios de los productos de la canasta básica y la permanencia de bajísimos e insultantes salarios que han causado la crítica de los canadienses al abordar el tema del TLC.
Y algo que muestra que cuando ha habido menos afectación en la economía del país, y que ha caracterizado a los gobiernos priistas es que la mayoría de los mexicanos continuamos sufriendo la carestía de la vida y casi nulo acceso a la seguridad pública y social, y ahí están los aproximadamente sesenta millones de mexicanos que viven en estado de pobreza, y otros tantos que apenas tienen para vivir al día; mientras que la clase en el poder sigue en la opulencia.
La crisis económica que hoy vivimos se agudiza para mucha gente que resultó damnificada luego de los sismos de septiembre pasado en que con el pretexto de ayudarla el gobierno federal pudo justificar tranquilamente el echar mano a los millonarios recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Así como de los donativos de los particulares acumulados en el Fideicomiso “Fuerza México” que según el reporte al corte del 24 de octubre de 2017 ascendían a más de 143 millones 909 mil pesos; pero que su distribución carece de transparencia.
Sin embargo, en forma totalmente ELECTORERA con la pasividad del INE al respecto con bombo y platillo el gobierno inició con el anuncio de la entrega de miserables recursos a damnificados; ya que por ejemplo en el caso de Tlaxcala la cantidad para reconstruir cada vivienda dañada apenas sería de 15 mil pesos según la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial (Sedatu), donde según el gobierno de Tlaxcala sólo unas 34 viviendas resultaron dañadas, y para quienes serán asignados estos micro recursos si bien les va.
El hecho es que para las personas que vieron daños de menores a graves en su construcción sea de vivienda, oficina, o negocio; y acudieron a las autoridades de protección civil estatal, o al federal a través de Fovissste en el caso de vivienda adquirida con este tipo de crédito, se han tenido que enfrentar a una serie de obstáculos para la revisión de su vivienda, y obviamente a muchos de ellos ni siquiera se les ha tomado en cuenta para darles algún tipo de apoyo.
Y ahí están los casos que se dieron a conocer hace unas semanas en los medios nacionales por ejemplo en referencia a que en el Istmo de Tehuantepec varios damnificados denunciaron irregularidades en las tarjetas que el Gobierno Federal les entregó para poder reconstruir su casa luego de los terremotos de septiembre.
Y en que los damnificados han argumentado que las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), no tienen los fondos que las autoridades federales y locales les prometieron, es decir rasuraron los apoyos.
Sin embargo, este proceder de las autoridades no es nuevo; ya que ahí está el uso electorero de los programas sociales que no son sino limosnas vestidas de despensas, pantallas, o unos pesos a cambio del voto en tiempo de elecciones, pero que les ha funcionado a los gobiernos priistas esta vergonzosa estrategia que mantienen empobrecidos a los ciudadanos que en muchos casos a cambio de cualquier cosa entregan su voto a sus tiranos.
Y aquí están los responsables de la “pobreza e inseguridad pública y social forzadas”; ya que los grandes monopolios empresariales nacionales, las transnacionales y la delincuencia organizada que han afectado la economía y el bienestar de los mexicanos; los primeros por sus políticas agresivas y bajos salarios a sus trabajadores y los segundos por la impunidad que les permite operar sin mayores problemas; no son sino cómplices que se reparten el botín, o los recursos públicos de los mexicanos.