Tiempos de Democracia
Se condiciona la justicia, los recursos fiscales y el apoyo de las fuerzas armadas en zonas conflictivas
¿Desistirá por fin México de hacer suya la obsoleta estrategia antidrogas que años ha dictó Washington?
No bien acababa de ser aireada la fraudulenta trama de Chihuahua -instrumentada como se sabe desde la secretaría de Hacienda y denunciada pública y penalmente por el gobernador Javier Corral-, no bien fue descubierta, repito, esa turbia y retorcida maniobra cuando ya estamos frente a otra modalidad de coacción política igualmente perversa. Me refiero a la discrecionalidad con que el gobierno de la República elige los lugares donde ordena la presencia de las fuerzas armadas con el fin de contener crímenes del orden federal. Este mecanismo coercitivo se suma al muy conocido de procurar e impartir justicia de forma selectiva, así como también al de condicionar la entrega de fondos fiscales recaudados por Hacienda a estados gobernados por la oposición a cambio, claro, de sumisión política y -caso Chihuahua- de que no se procesen a priístas infractores de la ley.
El caso de San Pedro Cholula
Ilustra lo dicho el caso siguiente: con el objeto de contener el avance de las mafias organizadas en la jurisdicción municipal a su cargo, José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula -aquí cerca, en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala-, pidió al gobierno federal respaldo para sus escasos y mal armados efectivos policíacos. Se trataba, como digo, de hacer frente a un problema que, en rigor, no era de su competencia pero que estaba afectando gravemente la tranquilidad de los lugareños. Atendiendo la solicitud, llegó a San Pedro Cholula un contingente castrense a dar seguridad a la gente en la zona en conflicto. Más, de pronto, los soldados interrumpieron su labor y procedieron a retirarse. La razón posteriormente esgrimida por los mandos militares fue que el presidente municipal Espinosa Torres -afiliado a Morena- suscribió una controversia constitucional -elaborada por ONG´s y apoyada por la CNDH- que fue aceptada para su trámite en la Suprema Corte de Justicia. Con ella se busca modificar varios artículos de la polémica Ley de Seguridad Interior, en particular aquellos que eventualmente podrían vulnerar derechos humanos.
Descarada coacción
Sin fundamento jurídico ninguno se adujo que, al adherirse al recurso referido, el alcalde de Cholula se colocó fuera de la institucionalidad, cualquier cosa que eso signifique. Se argumentó que, al impugnar el marco que legaliza la participación del Ejército en las calles para combatir a los delincuentes, Espinosa Torres quedó impedido (¿?) de pedir ayuda militar para su municipio. Vale precisar que, si bien Peña Nieto promulgó la cuestionada ley, acto seguido decretó la suspensión de su aplicación hasta en tanto se conoce el pronunciamiento de la Corte. En otras palabras: estamos ante una burda extorsión política basada en la discrecionalidad con que -aplicando criterios distintos a los invocados de seguridad pública- el gobierno dispone la presencia o el retiro de las fuerzas armadas en sitios donde su auxilio es requerido. El perverso planteamiento es sencillo: “…si estás con mi gobierno contarás con el apoyo de mis soldados, pero si objetas una ley que yo promoví no pidas que te ayude a procurarle tranquilidad a tu gente…”.
El chantaje como sistema
Asombra comprobar, por una parte, la elementalidad de la estrategia y, por otra, la similitud de esta forma de chantaje con el que Hacienda pretende victimar al estado de Chihuahua. Cierto, no es lo mismo un pequeño municipio poblano que el mayor estado en extensión de la República, ni tampoco pesa lo mismo el alcalde Espinosa Torres que el gobernador Corral. La coacción intimidante, empero, es idéntica: “…alcalde, retira tu firma de la controversia constitucional y te envío los soldados que necesitas para pacificar tu municipio; gobernador, desístete de procesar priístas corruptos y te restituimos los setecientos y pico millones que te hemos retenido….”.
El costo de los excesos
No estoy al tanto de la situación que se vive hoy en San Pedro Cholula debido a que el caso dejó de interesar a los medios noticiosos. Ignoro por ello si los cholultecas siguen abandonados a su suerte, o si los asiste de nueva cuenta el Ejército. En contraste, de lo que sí hay amplia información es de la reversa que metió el gobierno federal para resolver por medio de la negociación la rebelión cívica encabezada por Javier Corral y secundada por un abanico amplio de las fuerzas vivas de la entidad norteña que lo acompañan en la marcha que viene desde Ciudad Juárez y que habrá de culminar en la capital de la República si es que antes no se rectifica la decisión de despojar a los chihuahuenses de los fondos que en justicia le corresponden. El flamante titular de Gobernación Alfonso Navarrete Prida inició el control de daños originado por la torpeza política del secretario de Hacienda José Antonio González, invitando a Corral a sus oficinas de Bucareli y procurando con el mandatario estatal un acercamiento que seguramente permitirá enmendar el entuerto.
ANTENA NACIONAL
El país de nunca jamás…
El resucitado tema de la legalización de la marihuana ha puesto por enésima ocasión de relieve la lentitud de reflejos y el ínfimo tamaño de la clase gobernante. No enumeraré -lo he hecho demasiadas veces- las razones humanitarias, políticas, económicas, éticas, morales y de sentido común que respaldan a México para explicar a la comunidad internacional la necesidad de legalizar el consumo de las drogas, empezando por la cannabis y siguiendo por todas las demás. Bien hizo Enrique De la Madrid, secretario federal de Turismo, pero bien por una parte, y mal, muy mal por otra; bien por poner en la mesa la cuestión, y mal por limitar su eventual regularización a las zonas turísticas de alto standing que son mayormente frecuentadas por norteamericanos y europeos.
Doce años siniestros
El asunto no debe reducirse a preservar la rentabilidad de los negocios turísticos, en particular los de Quintana Roo y Baja California. Se entiende que sea esa la preocupación del secretario De la Madrid, pero su discusión no puede circunscribirse a sólo dos entidades. La legalización implica mucho más, en razón de que para México es tema de sobrevivencia, de marginalidad, de muerte, de vida y, en última instancia, de paz o de confrontación, aflicciones todas ellas que agobian a millones de personas involucrados, directa o indirectamente, en la guerra declarada por un presidentito ignorante que, en irreflexivo y teatral desplante, se dijo dispuesto a enfrentar a los narcotraficantes “aunque fuera a pedradas”. Lo preocupante es que el drama lleva camino de agravarse este sexenio, en manos como ahora está de quienes dijeron que “si saben gobernar”.