El acusador

  • Beatriz Pagés
Opinión del Dia

Los aduladores del régimen, propalan por aquí y por allá que las “mañaneras” ya son un ejemplo mundial de comunicación política.

Es difícil, sin embargo, suponer una práctica de este tipo en países avanzados o cuando menos civilizados donde la democracia está sustentada en el pleno respeto al Estado de derecho.

¿Puede alguien imaginar a la canciller federal de Alemania, Ángela Merkel, lanzar acusaciones todos los días en contra los miembros de la Comunidad Europea que le resulten incómodos?

¿O bien, que decida aparecer ante los medios de comunicación para decir que el dueño de la Volkswagen es un nazi simplemente porque se le ocurrió o porque alguien le pasó el rumor?

Conforme avanza el sexenio, la “mañaneras” se consolidan como un tribunal inquisitorial desde donde el titular del Ejecutivo Federal denuncia, acusa y dicta sentencia, erigiéndose como autoridad moral e incluso judicial suprema e incuestionable.

El 24 de septiembre, el Presidente de la República, hizo uso de ese sarcasmo tropical, tan característico en él, para ridiculizar y humillar al empresario Claudio X González y restar autoridad moral a la asociación #NoMásDerroches que ha logrado parar, mediante amparos, las obras del Aeropuerto de Santa Lucía y conservar las obras del NAIM.

También utilizó el pedestal del poder para acusar, sin más pruebas, al ministro en retiro, José Ramón Cossío, de estar asesorando ilegalmente a quienes han presentado las suspensiones judiciales.

Pero, aquí, lo más grave, lector, lo que está tratando de hacer el presidente con ese discurso amenazante es destruir la figura del amparo, el único recurso jurídico constitucional con el que cuentan los mexicanos para defenderse de las arbitrariedades y los excesos de poder.

Los señalamientos contra Claudio X González y José Ramón Cossío no son  más que advertencias al Poder Judicial y específicamente  los jueces para que eviten amparar a quienes el Presidente de la República considera sus enemigos, aunque les asista el derecho.

Este estilo de gobernar –nuevo en México–, corresponde a una estrategia intimidatoria muy propia de los regímenes dictatoriales. Así lo hacía Hitler y también Stalin, el rey del terror, quien acostumbraba hacer denuncias públicas en contra de sus adversarios para que fueran socialmente sentenciados y luego llevados a los campos de exterminio.

Más que gobierno, lo que está en vías de consolidación es un régimen acusatorio.

Un gobierno republicano tiene por naturaleza una vocación conciliatoria. Hoy, en cambio, cada dependencia federal está dedicada a preparar expedientes para desgastar y destruir a quienes ha sido puestos en la lista negra de los indeseables.

Por eso, la publicación del ex director del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones, Pedro Salmerón, titulada “17 de septiembre, 1973. Muerte de Eugenio Garza Sada” no puede leerse al margen del discurso acusatorio.

Llamar “jóvenes valientes” a quienes secuestraron y asesinaron a Garza Sada tenía una clara intención: Decir que la clase empresarial y los representantes de la “burguesía” –según la jerga estaliniana– son indeseables para la Cuarta Transformación.

El hecho de que Salmerón haya tenido que renunciar para cuidar las formas es lo de menos. Al convertir en héroes a los homicidas, pretendió justificar un crimen y degradar a uno de los íconos más representativos  de quienes son calificados, cada mañana , como “conservadores”.

En una segunda etapa, don Eugenio Garza Sada y otros símbolos, no sólo serán atacados de palabra sino con hechos. Los adoctrinados, fieles a su intolerancia, ya tienen planes: tirarán monumentos, quemarán bibliotecas y expropiarán empresas.

Por lo pronto, hay que acusar, desde el patíbulo presidencial, al oponente.