• Cristal Corona Sánchez
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En el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana dice que los mexicanos tenemos “derecho a la protección de la salud” y que la ley definirá las bases y modalidades de la atención a la salud.  En la práctica estas palabras tienen dificultad para cumplirse. En especial porque durante décadas se consideró que la protección a la salud obligaba al Estado mexicano a realizar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades pero no la atención si alguien se enfermaba, esto hizo que sólo se atendieran enfermedades de la población más vulnerable, como niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, diabéticos e hipertensos; después se extendió la atención sin gasto de bolsillo a un catálogo de enfermedades de acuerdo a la situación epidemiológica. 

Pero el problema seguía estando en el fondo, no se reconoce el derecho a la salud, de forma explícita. El derecho a la salud también es constitucional porque México firmó tratados internacionales que lo reconocen y se comprometió a atender no sólo acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, también se comprometió a atender  el “tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole”, como se refiere en el Protocolo de San Salvador.

Afortunadamente se hizo una reforma, que si bien es cierto que no es Constitucional, si tiene un impacto en el derecho a la salud, que es el que los medicamentos sean gratuitos, lo cual tendría que iniciar en unos días a aplicarse en todos los hospitales, según se comprometió el presidente, pero, ¿realmente esto será posible?

Para que existan medicamentos gratuitos para todas las enfermedades aparte del dinero que se necesita se require que cada uno de los Estados, que cada uno de los gobernadores y secretarios de salud de los estados se comprometan. Recordemos que en los estados, el responsable, hasta el momento, de los servicios de salud o SESAs, son los gobernadores. La federación manda el dinero para que cada estado se organice para la atención médica. 

Así es que en unos días veremos si el secretario de salud y el gobernador de Tlaxcala se comprometen con la población para entregar los medicamentos de forma gratuita en los centros de salud y hospitales del OPD Salud de Tlaxcala, o terminan por lavarse las manos y decir que la culpa la tiene el gobierno federal a pesar de que la responsabilidad es del gobernador.

En Tlaxcala  se violenta el derecho a la salud al cerrar casas de salud como la de Acatitla, en Panotla, o al dar sólo unas cuantas consultas en los centros de salud, algunos solo dan 5 fichas. Pareciera que las autoridades sanitarias no se dan cuenta, la gente está desesperada por atención médica, ya no de enfermedades, a veces solo por vacunas.  

La salud es un bien público fundamental para culquier sociedad, es un derecho, y como tal se debe atender. Pero cada semana me entero de personas que buscan la forma para adquirir medicamentos porque no se los dan en el hospital, o me piden que les recomiende a un medico de tal especialidad porque no hay en los hospitales públicos o no estan dando consultas, o me entero del diabético o hipertenso descompensado porque no alcanzó ficha en tal centro de salud y ya no tiene medicamento, o me preguntan que hacer para atenderse de un cáncer porque el Sistema es tan complejo que si llevan todos los pasos que les pone seguramente tendrán un retraso en la atención. 

Algún día estas historias parecerán ficción, siempre y cuando los ciudadanos nos interesemos por nuestros derechos, también obligaciones, y como tal pongamos a los mejores en los lugares clave de gobierno.