La situación que enfrentan las juezas y jueces mexicanos es digna de una reflexión profunda. Al analizar los desafíos principales que confrontan, se destacan tres puntos cruciales.
Primero, la carga de trabajo elevada es evidente. Los órganos jurisdiccionales en México enfrentan un flujo constante de asuntos legales, lo que implica una carga significativa para los jueces y sus equipos. Por ejemplo, según el informe del Índice de Paz México, el país cuenta con un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, lo que representa una cuarta parte del promedio mundial.
En segundo lugar, los jueces se ven obligados a asumir responsabilidades adicionales. Además de resolver casos, frecuentemente tienen que desempeñar funciones gerenciales al dirigir sus oficinas. Esto incluye participar en reuniones administrativas que consumen su tiempo y energía. Estas responsabilidades adicionales pueden impactar tanto en su carga laboral como en su capacidad para concentrarse exclusivamente en la resolución de casos.
En tercer lugar, la presión mediática ejerce una influencia considerable en las decisiones judiciales. Esta presión puede socavar la objetividad y la independencia de los jueces, debilitando así la integridad de sus resoluciones.
Además, las disparidades salariales entre jueces de distintas competencias y jurisdicciones también representan un desafío. Existen diferencias significativas en los salarios de los jueces federales en comparación con los jueces locales, e incluso entre jueces locales. Estas disparidades pueden afectar la motivación y el desempeño de los jueces, así como generar tensiones dentro del sistema judicial.
Estos aspectos fundamentales son a menudo pasados por alto por la sociedad civil. Sin embargo, es crucial que se reconozcan y se aborden, ya que acercar la labor jurisdiccional a la sociedad civil fortalece la función judicial al convertirla en una responsabilidad compartida.
Una manera efectiva de acercar la función jurisdiccional a la sociedad civil es a través del reconocimiento social. Es por ello que resulta oportuna la celebración del Día Nacional del Juez Mexicano, establecido desde 2009. Esta fecha conmemora un evento histórico significativo: el 7 de marzo de 1815, en Ario, Michoacán, donde Morelos estableció el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana. Este acto no solo marcó la creación de una institución, sino también la culminación de una visión audaz para una nación en desarrollo.
Desde el año 2009, se han llevado a cabo numerosas conmemoraciones y reconocimientos en México a propósito de este tema, pero me gustaría destacar especialmente el reconocimiento organizada por la Barra de Abogados Carlos Santiago Nino en el Estado de Oaxaca, el domingo 10 de marzo. Durante muchos años, esta barra ha entregado reconocimientos en el marco de la celebración del Día del Abogado, incluyendo a la función judicial estatal. Sin embargo, este año se tomó la decisión de separar ambas celebraciones, reconociendo de manera independiente la labor de los jueces.
En colaboración con la Mtra. Rocío Martínez Helmes, Directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se llevó a cabo un acto
conmemorativo para reconocer el desempeño judicial en el Estado de Oaxaca durante el año 2024. Para este evento, la Barra de Abogados contó con el apoyo de la Asociación de Juezas Oaxaqueñas A.C., presidida por la Jueza Guadalupe Verónica Rueda Contreras, así como de la Unión de Jueces Oaxaqueños A.C., cuya presidenta es Alicia del Carmen Sánchez Ocampo.
Ambas asociaciones realizaron un riguroso proceso interno de selección, concluyendo en el reconocimiento de la Jueza Leticia Meneses Concha y del Juez Manuel Chávez Aguilar por su destacado desempeño en la administración de justicia en el Estado de Oaxaca.
El evento contó con la distinguida participación, en calidad de Bastonera de Celebración, de la consejera del Instituto Nacional Electoral, la Mtra. Rita Bell López Vences, cuya trayectoria ejemplar es un referente de liderazgo y defensa de los derechos. Su presencia en la ceremonia enriqueció y resaltó la defensa de los valores democráticos en el sistema judicial mexicano.
En suma: este evento no solo reconoció el arduo trabajo de las juezas y jueces, sino que también destacó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho en la sociedad mexicana.