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Un total de 17 aves canoras y de ornato fueron rescatadas de un sujeto por no contar con los permisos necesarios.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) al realizar labores de inspección y seguridad sobre la avenida Miguel Hidalgo, centro del municipio de Apizaco, se percataron de una persona del sexo masculino que se encontraba en la calle con diversas jaulas de madera que contenían diferentes especies de aves exóticas.

Los elementos de seguridad pública se acercaron al individuo, quien se identificó como Eugenio Rodríguez Netzahualcóyotl de 53 años originario del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, para cuestionarle sobre la procedencia de las aves, quien presentó una solicitud para la comercialización de aves expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección del Ambiente, cuyo documento no contaba con las especificaciones, ni procedencia de las especies que tenía a su poder.

Ante tal situación se procedió a la detención de Rodríguez Netzahualcóyotl, quien quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia, a fin de que se proceda a determinar la sanción a la que se hizo acreedor.

Se rescataron un total de 17 aves canoras y de ornato, entre las que se encontraron ejemplares como 8 jilguerillos, 4 tigrillos, 3 canarios, 1 perico australiano y una calandria, para su posterior traslado al Zoológico del Altiplano ubicado en el municipio de San Pablo Apetatitlán, para que reciban atención especializada.

Cabe señalar, que gracias a las actividades de coordinación e inteligencia que se realizan en diversos puntos del Estado y en las inmediaciones del Parque Nacional Malintzi, se busca eliminar la comercialización de este tipo de fauna que se encuentra en peligro de extinción.

De acuerdo al Código Penal Federal, la captura, acopio y comercialización de ejemplares de fauna y flora silvestres, como es el caso de los referidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010, este tipo de ilícitos, alcanzan una pena de hasta nueve años de prisión y a una multa que fluctúa entre los 300 y los tres mil días de salario mínimo.

 

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