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Con el argumento de que es sólo una "interpretación" de la Ley, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCyCP) del Congreso de Tlaxcala, Javier Potrero Tizámitl, minimizó la acción de inconstitucionalidad que promovió el Ómbudsman, Francisco Mixcóatl Antonio, en contra de una reforma al Código Penal local que penaliza el aborto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el expediente 18/2013 que presentó Mixcóatl Antonio por considerar que el Poder Legislativo criminalizó el aborto incluso en los casos en que la razón sea el riesgo de la salud de la madre.
Cuestionado al respecto, Potrero Tizámitl manifestó que la JCyCP de la LX Legislatura tuvo conocimiento sobre el recurso presentado ante el máximo Tribunal del País, sin embargo, remarcó que esperarán la notificación para abordar el tema entre las fracciones parlamentarias.
"Vamos a abordar el tema, sin duda, cuando llegue un documento", expresó.
El Ómbudsman de Tlaxcala acusó ante la SCJN una "regresión" porque el aborto fue criminalizado tras una reforma a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal local, en los que se establece una pena de 3 a 5 años de prisión, más multa de 72 a 217 días de salario a quienes cometan el delito de aborto, incluso por riesgos de la salud de la mujer.
Asimismo, la normativa establece que cuando un aborto esté legalmente permitido, como es el caso de una violación, se tendrá que dar parte al Ministerio Público para éste lo autorice.
"Son interpretaciones y tenemos que analizarlo con el equipo jurídico. Es un tema polémico, pero vamos a considerar lo que haya enviado el presidente de la Comisión, no lo vamos a analizar y vamos a hacer ese trabajo", espetó Potrero Tizámitl.