- Zacatelco
Derecho de replica del H. Ayuntamiento de Zacatelco
La Dirección Jurídica del municipio de Zacatelco, a través de su director, Manuel Fernández Meléndez, desmintió que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (TCyA) haya trabado embargo hacia la comuna, como lo publicara el periodista Roberto Nava Briones en su nota encabezada: le embargan ocho inmuebles a comuna de Zacatelco.
A su vez, el área aseguró que no existe daño patrimonial como lo estableciera la nota periodística, debido a que de acuerdo con la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo tres determina; “el patrimonio público está constituido por los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e inversiones financieras susceptibles de valoración pecuniaria, sobre los cuales los entes públicos ostenten la propiedad de posesión o así lo determinen las leyes. El producto de la enajenación o explotación de estos bienes forma parte de la hacienda pública.
Por tal situación, dichos inmuebles no pueden ser sujetos de embargo por las partes demandantes toda vez que forman parte del patrimonio público, como lo cita la ley en la materia en su artículo cuarto; "el patrimonio público es inalienable en imprescriptible y no podrá imponérsele ningún tipo de servidumbre, emplearse ninguna vía de apremio, dictarse mandamiento de ejecución ni hacerse efectivas por ejecución forzosa mediante sentencias dictadas en contra de los bienes que lo constituyen".
En el supuesto de que la orden de embargo se ejecutara, solamente procedería si los bienes señalados no forman parte del patrimonio público, además de que no sean indispensables para prestar los servicios públicos a la comunidad, situación que en este caso no se presenta ya que los bienes que pretenden embargar son de uso social.
Por lo antes expuesto, la Dirección Jurídica exhortó al periodista a conducirse con responsabilidad y veracidad en el ámbito de su campo laboral, pues no es la primera ocasión que difama al H. Ayuntamiento con sus publicaciones.
Cabe mencionar que el redactor de la nota, trabajó en la administración actual, por lo que al ser rescindido su contrato inició una demanda laboral, situación por la que se ha convertido en un conflicto de interés personal.