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  • Gerardo Santillán
Confían en que el próximo domingo unos 19 mil tlaxcaltecas acudan a emitir su opinión en torno a las reformas energética y fiscal.

Al hacer la declaración conjunta de apoyo y realización de la consulta pública sobre las reformas energética y fiscal el próximo domingo 1 de septiembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la agrupación social “Alianza Cívica”, confiaron en que lograrán la participación de al menos 19 mil tlaxcaltecas para emitir su opinión sobre ambos temas.

Salvador Méndez Acametitla, líder estatal del sol azteca, y Gerardo Galindo, delegado estatal de “Alianza Cívica”, ofrecieron una rueda de medios conjunta en la que convocaron a la ciudadanía en general con edad para votar, a pronunciarse en este ejercicio en contra de la privatización del sector energético del país y del aumento a las tasas impositivas en los productos de primera necesidad.

Galindo destacó que la consulta ciudadana es un derecho irrenunciable para generar reflexión y propuesta ciudadana  sobre esos temas, además de que  significará el primer paso para que los partidos políticos tomen en cuenta esa opinión, a fin de que establezcan compromisos públicos claros que sirvan a la hora de analizar las modificaciones legales.

Informó que se instalarán en Tlaxcala 55 mesas receptoras de la opinión con 350 boletas cada una, en las que se fijaron tres preguntas sobre la reforma energética y tres más sobre la reforma fiscal; en ellas se solicita el “si”, “no” o “no sé” sobre la propuesta del Gobierno federal en torno a la privatización del sector energético, el aumento de IVA en alimentos y medicinas, entre otros aspectos.

El delegado de “Alianza Cívica” no pudo precisar cuánto costará este ejercicio a nivel nacional, pero aseguró que tres días después estarán listos los resultados finales y el Consejo Ciudadano de la Consulta tomará las resoluciones correspondientes.

Gerardo Galindo rechazó que la asociación civil que representa tenga pensado llevar a cabo movilizaciones contra las reformas planteadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues su competencia es organizar la logística de la consulta.

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