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Senadores del PAN y PRD se pronunciaron en contra de aprobar en "fast-track" la Ley de Servicio Profesional Docente.

La Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, la ley que regula la evaluación de los maestros, la cual motivo las protestas y bloqueos de las últimas semanas de docentes en el Distrito Federal.

El nuevo ordenamiento tuvo 390 votos a favor, 69 en contra y 4 abstenciones. Se realizaron 27 reservas a artículos, mismas que se discutieron en la madrugada.

Con el objetivo de atender reclamos de los integrantes de la CNTE, el documento final redactado por miembros del Pacto por México introdujo varias modificaciones al proyecto original enviado por el Gobierno federal, con las cuales se busca enfatizar que la evaluación tiene como objetivo mejorar la calidad educativa, no despedir a los maestros.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, la aprobada Ley del Servicio Profesional Docente prevé que los maestros, directores y supervisores en activo que reprueben tres evaluaciones anuales seguidas serán sacados de las aulas y readscritos a otras tareas, o se les ofrecerán programas de retiro.

Los nuevos maestros tendrán su plaza a los 6 meses de ingresar al servicio si tienen expediente limpio. Asimismo, serán evaluados durante dos años, en los que estarán en programas de inducción acompañados de un tutor.

Si no pasan la evaluación, serán separados del cargo.

La CNTE se oponía a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, e incluso, cuando el pasado 19 de agosto se aprobó en comisiones, maestros inconformes irrumpieron en la Cámara de Diputados.

La protesta se extendió los días siguientes y, como los edificios del Senado y la Cámara baja fueron bloqueados por inconformes, los legisladores tuvieron que sesionar en una sede alterna para aprobar las otras dos leyes que contempla la reforma educativa.

Ayer, en un Palacio Legislativo amurallado, se instaló la sesión de Congreso general para iniciar el periodo de sesiones y, por la noche, los diputados aprobaron la tercera ley del paquete educativo ante los reclamos de la CNTE de un "albazo".

En la nueva redacción de la ley se incluyó una disposición para que el personal docente que sea readscrito o despedido pueda acudir a los tribunales laborales a impugnar la decisión de la SEP.

El ingreso al sistema de servicio docente será mediante concurso público, en el que podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente.

Según una modificación incluida por el Pacto en el texto, esta disposición entrará en vigor para la educación básica a los 2 años siguientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En ese lapso, las convocatorias para concursos de oposición serán sólo para egresados de las normales.

Con la nueva legislación, los comisionados sindicales ya no serán pagados por el Gobierno federal ni por los estatales, por lo que deberán ser remunerados por la propia organización gremial.

El perredista Miguel Alonso Raya, una de las figuras clave en las negociaciones con los maestros de la CNTE, avaló los cambios introducidos en el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La bancada del PRD se dividió: los grupos de Alternativa Democrática Nacional, Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol, dieron su voto a favor; mientras que la corriente IDN, ligada a René Bejarano, votó en contra.

De hecho, tres de sus integrantes presentaron sendas mociones suspensivas para intentar, en vano, postergar la discusión del dictamen: Carol Antonio Altamirano, Silvano Blanco y Javier Orihuela García.

Con fuertes recriminaciones al proyecto de dictamen, votaron también en contra las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PT, cuyos diputados aseguraron que se estaba legislando en contra de los maestros.

"Sirvió (el dictamen) para darle certeza a quienes hoy tienen nombramiento no definitivo y para darle certeza al conjunto del magisterio que va a obligar al gobierno a tener que invertir más recursos en la educación", planteó Raya.

Raya dijo que el PRD reivindicaba lo aprobado porque será posible evaluar las condiciones en que se encuentran las escuelas, 40 por ciento de las cuales están "en pésimas condiciones".

Su correligionario, Fernando Belaunzarán celebró el que se hayan introducido al menos 100 modificaciones que, sostuvo, preservarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Elogió también el hecho de que se acabarán "los comisionados pagados por el Gobierno".

El diputado perredista Jorge de la Vega Membrillo, presidente de la Comisión de Educación, intervino para fundamentar el dictamen respectivo y, a tono con sus compañeros de bancada, aseguró que se han respetado los derechos constitucionales de los maestros.

"En la educación básica y media superior, el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente en términos de esta ley", refiere el artículo 22 que fue citado por De la Vega.

En uno de los puntos más controvertidos, el artículo 83 señala que el personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de este ordenamiento "podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral".

En lo más álgido del debate, el coordinador de la bancada del Verde Ecologista, Arturo Escobar, encaró al coordinador de Movimiento Ciudadano, cuyo grupo entero votó en contra, por no formular ninguna propuesta y, en cambio, intentar destruir todos los acuerdos a favor del país.

"¿Ustedes creen que me van a dar miedo las críticas de la derecha del Verde?", ironizó en tribuna el diputado zacatecano Ricardo Monreal, que luego fue blanco de reproches.

Senadores del PAN y PRD se pronunciaron ayer en contra de aprobar en "fast-track" la nueva Ley de Servicio Profesional Docente.

Por motivos distintos, los legisladores de oposición advirtieron que se tomarán el tiempo necesario para analizar la minuta que les envíe la Cámara de Diputados, sin prisas.

"Los senadores no la conocemos y nosotros sí queremos leer qué es lo que vamos a votar. Somos los primeros que queremos una evaluación de a de veras. Pero hay que ser serios. Aquí no se puede votar algo que ni siquiera se conoce", expresó el panista Ernesto Cordero.

"En un descuido hasta viene descafeinado esto y ya lo andamos votando. Hay que revisarlo.

"A nosotros no nos van a dar gato por liebre. Si no contiene elementos que nos garanticen una verdadera evaluación educativa, pues lo vamos a decir", añadió.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, advirtió sobre los riesgos que implica aprobar la reforma con prisas, sin haber concluido el proceso de diálogo con los representantes de la CNTE.

El legislador federal acusó al Gobierno federal y a "sus aliados" de apostar a una lamentable posición de confrontación.

"No hay que violentar los procedimientos ni hay que generar mayor tensión. Estoy cierto que del Senado no va a ocurrir eso.

 Sería un procedimiento que puede llamarse así, albazo, puede llamarse sorpresa, puede llamarse imposición, ¿para qué se presiona de esa forma?", cuestionó.

 En contraste, los coordinadores del PRI y PAN en el Senado, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado, se declararon listos para que la reforma sea analizada, discutida y aprobada mañana martes, en la primera sesión ordinaria del periodo.

 "Lo vamos a discutir en la primera sesión que tengamos, que va a ser el martes", dijo el priista.
 
 "Hay que recordarles que en la democracia que vivimos en México las mayorías mandan y no es una novedad que en Cámara de Diputados van a aprobar el servicio profesional docente, y en la Cámara de Senadores vamos a aprobar el servicio profesional docente".

 Gamboa adelantó que la Cámara alta no se dejará secuestrar por las movilizaciones o manifestaciones de protesta y adelantó que están dispuestos a sesionar en cualquier lugar.

 "No nos vamos a dejar presionar por nadie, lo dijimos hace tiempo, hace dos semanas dijimos que el Congreso no está secuestrado.

 Vamos a sesionar donde sea necesario y se van a aprobar las leyes que México requiera", sentenció.

 En coincidencia con el priista, Preciado exigió al Gobierno federal y de la Capital imponer el orden ante el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de iniciar una insurgencia magisterial.

 "Que el Ejecutivo ponga orden. Ese es el trabajo de (Miguel) Mancera y del Presidente (Enrique) Peña, no nuestro. Nuestro objetivo es sacar las reformas que el País necesita. Y esta es una reforma importante", dijo.

La CNTE logra adendum en la reforma educativa

El grupo de negociadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salió este domingo poco después de las 4:30 de la madrugada de una oficina de la Ciudad de México con un adendum que le diluye el carácter punitivo a la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Según otra nota del diario 24 Horas, antes de que saliera el sol, comenzaron a llamarle a los siete líderes de Oaxaca, los cuatro de Michoacán y los tres de Guerrero, que suman 90% de la CNTE, para informarles del acuerdo. Programaron informar  a sus bases por la noche.

Son ocho puntos que hacen más digerible para ellos la llamada ley de la discordia. Uno es la incorporación de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas a los programas especiales de apoyo de la Secretaría de Educación Pública.

A los de nuevo ingreso, les propusieron darles la base en seis meses y un día, en lugar de esperar dos años, pero deben pasar por una evaluación para tener plaza y empleo fijo; de no aprobar los exámenes, serán dados de baja.

También acordaron mantener tres oportunidades de aprobar la evaluación, pero se les reconocerán antigüedad y derechos adquiridos, antes de moverlos de puesto.

Para el presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, este punto era el único que bloqueaba el apoyo total a la reforma educativa.

Uno de los temas que no estaba contenido en la reforma y que se abordó, fue el de las normales.

En un artículo transitorio se planteó que las universidades privadas puedan formar maestros hasta el 2016, cuando la generación que acaba de comenzar concluya su educación.

Así se evitó la confrontación con la CNTE, por lo menos ayer domingo.

La tensión en la Secretaría de Gobernación, no obstante, no disminuyó. Aceptaron los puntos del adendum a regañadientes.

 

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