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Reducir o eliminar la deducción que hacen las empresas del pago de prestaciones laborales, como el aguinaldo, la prima vacacional y los fondos de ahorro, como lo propone la Reforma Hacendaria, desincentivará el otorgamiento de dichos beneficios, elevará los costos de operación de las compañías y hará más difíciles las negociaciones salariales, comentaron fiscalistas y expertos laborales.
Según una nota del periódico El Universal, actualmente el patrón puede deducir al 100% del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) el gasto que realiza por dichas prestaciones. Sin embargo, la nueva Ley del ISR incluida en la Reforma Hacendaria, contempla reducir la deducción a 41%.
Se propone eliminar la deducción de vales de despensa, a menos que se otorguen a través de monederos electrónicos por empresas autorizadas por el SAT. La medida busca evitar el lavado de dinero.
Muchos patrones recurren al esquema de pago de prestaciones para tener un doble ahorro, explica Arturo Pueblita, abogado fiscalista. “Es un ahorro para el pago al trabajador, ya que no contempla el ISR, y es un ahorro para el empresario porque lo deduce de su pago de impuestos”.
“El patrón está haciendo caravanas con sombrero ajeno, porque con cargo al gobierno federal da beneficios de seguridad social a sus trabajadores”, comentó el especialista.
Reconoció que con la disminución en la deducibilidad se desincentiva el pago a través de estos conceptos de seguridad social. El patrón está menos motivado para otorgar este tipo de prestaciones.
“A los trabajadores que tienen de planta, el patrón no les va a poder ofrecer más. No se pueden quitar, en el mejor de los casos se podrían canjear o ponerse de acuerdo con el sindicato para modificar, pero quitarlas no”, señaló Hugo Italo Morales, especialista en derecho laboral y profesor de la UNAM.
“Para las empresas que dan prestaciones no habría mayores incentivos para dar nuevos beneficios”, dijo Enrique Marín, vocero de Mercer.
José Luis de la Cruz, director del departamento de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Estado de México y el especialista en derecho laboral, Manuel Fuentes Muñiz, coincidieron en que eliminar la deducción de impuestos en prestaciones que otorgan a sus trabajadores derivará en el alza de la utilización del outsourcing y se precarizarían aún más las condiciones laborales de los trabajadores.
Resaltaron que terminar con la citada deducción sobre las prestaciones será negativa para los trabajadores, pues las empresas reducirán los beneficios otorgados al mínimo que establece la actual Ley Federal del Trabajo, y en un momento dado, podrían dejar de otorgar vales de despensa, con el propósito de reducir al máximo sus erogaciones a costa de sacrificar las de los trabajadores.
“La medida, de aprobarse en el Congreso, incentivará a las empresas para incurrir en la subcontratación, para que le resulte más barata la relación laboral”, acotó De la Cruz.
Regresivo, aplicar IVA a colegiaturas y pagos de vivienda
Organismos empresariales mantuvieron las críticas a la propuesta de reforma hacendaria del gobierno –que plantea eliminar privilegios que aprovechan los grandes grupos privados para reducir su tributación–, a la que calificaron de “regresiva” y contraria a la generación de empleo y el aumento de la inversión.
Mientras, el organismo del Estado responsable de la defensa de los contribuyentes afirmó que el sector empresarial debe entrar a la regla de la generalidad y equidad en el pago de impuestos.
“En el país existe una marcada desigualdad social, por lo que en términos macroeconómicos la política fiscal apunta a un rumbo correcto. Los impuestos se basan precisamente en el deber de solidaridad social, eje de la cultura y de la moral contributiva, para que toda la sociedad persiga el mismo objetivo”, sostuvo Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
De acuerdo con otra nota del periódico La Jornada, Bernal consideró “que el sector empresarial debe mostrar su solidaridad con el país” y valoró positivamente que se aplique una tasa de 10 por ciento de impuesto a los dividendos y se grave, como se hace en Estados Unidos, la enajenación de acciones en la bolsa.
“Se necesita que México sea un país viable para todos” y la reforma hacendaria propuesta contiene aspectos favorables para el sector empresarial, apuntó, como la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).
También valoró como “no conveniente” la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las colegiaturas y ofreció que la Prodecon puede recibir peticiones y llevarlas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que sean consideradas por los legisladores.
Tres días después que el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma hacendaria, los organismos empresariales insistieron en sus cuestionamientos, con críticas centradas en la propuesta de gravar con IVA de 16 por ciento el pago de colegiaturas, la venta y renta de casas, así como los pagos de hipotecas.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) calificó de “regresiva” la propuesta de aplicar IVA a las colegiaturas y al pago de la vivienda.
En términos fiscales, un impuesto tiene carácter regresivo cuando grava proporcionalmente más los ingresos de las personas con ingresos más bajos, supuesto que no es el caso de los padres de familia que pagan colegiaturas.
Según la Canacintra, es responsabilidad del Estado mexicano otorgar educación pública, por lo que si un ciudadano decide pagarla con sus propios ingresos, liberando al Estado de esa responsabilidad, “no debe agregársele la carga de este impuesto”.
Agregó que la medida se contrapone con el decreto emitido por Felipe Calderón y publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2011 que permitió deducir una parte del pago anual de las colegiaturas en el impuesto sobre la renta (ISR).
Respecto del gravamen a la venta y renta de viviendas, así como a los intereses en créditos hipotecarios, la cámara consideró que “desincentiva una industria que es ampliamente generadora de empleos y que se ha visto gravemente afectada por la situación económica”.
También calificó de “regresiva” la propuesta de homologar el IVA de 11 a 16 por ciento en franja fronteriza.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, aseveró que de aprobarse la iniciativa “estaremos asegurando el desempleo”, ya que castiga el empleo y la reinversión al cobrar mucho más a las empresas.
Consideró que se imponen nuevas “trabas” a las pequeñas y medianas empresas, como la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes y la deducción de sólo 40 por ciento de las prestaciones que dan a los trabajadores, lo que representa “una tentación de pasarse a la informalidad”.
A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Alonso Ancira Elizondo, repudió el “impuesto verde” que se pretende imponer con los bonos de carbono y el gravamen a la minería, al sostener que encarecerá la producción.
“Es un balazo” a la industria, dijo, y explicó que los países donde se han impuesto los bonos de carbono dan fondos a tasa cero para que las industrias se vayan transformando y en las naciones industrializadas se venden a 32 centavos de dólar “pero aquí nos los ofrecen a 5 dólares”.
Francisco Funtanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró que los bonos son un “parche” de legislación verde en la iniciativa fiscal que preocupa al sector, por lo que advirtió que los industriales buscarán que los legisladores lo modifiquen.
IVA a colegiaturas provocará la deserción
La propuesta del Gobierno federal para aplicar el IVA en colegiaturas es incongruente, injusta y socialmente riesgosa ya que provocaría una deserción de colegios privados.
Así lo advirtió Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), quien además señaló que la iniciativa es financieramente inviable por los costos que le generaría a la administración de Enrique Peña Nieto.
"Se busca recaudar 11 mil millones de pesos por concepto de colegiaturas, pero el Gobierno tendría que gastar 22 mil millones de pesos para asegurar un lugar en las instituciones públicas para los 400 mil estudiantes que tendrían que dejar de estudiar en las instituciones particulares de educación media superior y superior.
"Por eso decimos que la propuesta es financieramente inviable", expresó Guerra Botello según otra nota del periódico Reforma.
La mayor parte de la deserción, explicó, se daría en los bachilleratos y las instituciones de educación superior particulares, donde las colegiaturas son más altas.
"Estos jóvenes se van a tener que ir a la educación pública, donde no hay espacio y lo han dicho las propias autoridades educativas que ya no caben.
"Y para que haya espacios, el Gobierno tiene que proporcionarlos, como lo hizo la SEP con el Programa Emergente de Matricula de Educación Superior", advirtió.
El cálculo de la FIMPES, dijo, es que el Gobierno federal tendría que darle más recursos a las universidades públicas, cerca de 22 mil millones de pesos, para poder albergar a los jóvenes que abandonen la educación particular.
Guerra explicó que hace 90 días las instituciones particulares le entregaron a la Secretaría de Hacienda un estudio sobre el impacto que tendría en las instituciones de educación superior particulares cobrar el 16 por ciento de IVA a las colegiaturas.
"Hace tres meses les presentamos el estudio y les demostramos que en este caso en particular, costaría más lo que se tendrá que invertir, que lo que se va a recaudar", expresó.
El secretario de la FIMPES dijo que la propuesta es incongruente porque se habla de la importancia de la educación para la competitividad del País, pero ahora al tasar la educación se hace lo contrario.
"En lugar de apoyar la educación, se grava y ningún país competitivo, avanzado con altos índices de desarrollo humano, tasa la educación con IVA", señaló.
Además es una medida injusta porque las familias y los alumnos ya invierten alrededor de 130 mil millones de pesos al año por concepto de colegiaturas en todos los niveles educativos.
"Estas familias ya pagaron ISR, IVA, gasolinazos y encima de todo, ahora quieren que paguen 16 por ciento más, lo que me parece injusto", expresó el representante.