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Por considerar que se trata de un retroceso en los derechos femeninos y “un acto de violencia institucional que criminaliza y discrimina a las mujeres”, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados federal llamó al Congreso del estado de Tlaxcala a revertir el endurecimiento de penas para quienes se practiquen un aborto, que se estableció con las reformas al Código Penal que se realizó este año a propuesta del Ejecutivo.
Al presentar un punto de acuerdo, la diputada perredista Martha Lucía Mícher Camarena recordó que por estas modificaciones, que imponen penas de 3 a 5 años de prisión a quienes aborten, incluso la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala (CDHT) interpuso una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No en vano la propia CDHT, con quien coincidimos en su apreciación, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN por considerar que en las modificaciones no se atiende al principio de progresividad de los derechos humanos plasmado en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las modificaciones a la Carta Magna en 2011”.
De meses a años de cárcel
A principio de 2013, el Poder Ejecutivo de Tlaxcala emitió una iniciativa de reformas a distintos artículos del Capítulo VIII del Código Penal para el estado de Tlaxcala, la que fue aprobada y ratificada por la actual, LX Legislatura estatal.
Antes de las reformas, el Código Penal estatal imponía una sanción de 15 días a dos meses de prisión para la mujer que se practicara un aborto o a quien la ayudara a realizarlo.
Sin embargo, con la reforma se aumentaron las penas por el “delito de aborto”, de 3 a 5 años de prisión y multa de 72 a 200 días de salario mínimo, además de que se derogaron las causales previstas para la práctica de abortos legales.
En este contexto, la también presidenta de la Comisión de Equidad y Género de San Lázaro advirtió que las organizaciones de defensa de los derechos femeninos y el PRD “consideramos que la reforma representa un retroceso en el acceso de las mujeres a su derecho a la salud y a una maternidad voluntaria; representa sobretodo un acto de violencia institucional que criminaliza y discrimina a las mujeres, además de colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgos que atentan contra su propia vida”.
Mícher Camarena, quien fue directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) del Distrito Federal, en el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, describió que “México ha firmado y ratificado instrumentos de derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en inglés), el honorable Congreso de Tlaxcala no puede ser omiso ante los citados compromisos”.
En ese sentido, en su punto de acuerdo expone: “se exhorta, respetuosamente, al honorable Congreso de Tlaxcala a que, en atención a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, emitidas en su 52 periodo de sesiones en julio de 2012, derogue las recientes reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal”.