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Ley de ingresos posicionamiento

En nuestro posicionamiento al inicio de la discusión del paquete fiscal, afirmamos que: “La Reforma Hacendaria no es una Reforma Social. No hay un plan para el destino de los nuevos impuestos ni para distribuir la riqueza. Busca legalizar la privatización del petróleo, la focalización-exclusión de derechos sociales y gravar más a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores medios de la población con énfasis en las personas físicas y cautivas, dejando intactos los privilegios de los grandes contribuyentes, la reforma carece de elementos progresivos sustanciales”

La Ley de Ingresos cuyo dictamen hoy conocemos, es la numeralia Paquete Fiscal. Destaca el dolo del Gobierno difundiendo contenidos falsos, desde el rubro, “Hacendaria y de Seguridad Social”, engaño que como denunció el Senador Corral, fue sostenido por la manipulación de Televisa, Tv Azteca y múltiples medios.

Destaca la utilización maliciosa del Pacto, por Peña Nieto, para su beneficio, por encima del PAN, lo que denunciaron de pie los legisladores Panistas al grito de: “Fuera del Pacto”. Destaca también que ese Paquete Fiscal que sumirá a México en la desigualdad y la quiebra fue aprobado por la ayuda de una fracción del PRD, sin la cual no habría impuesto.

De ¿Dónde van a salir los nuevos recursos de esta Ley de Ingresos para 2014?, 180 mil millones de los creativos impuestos de Peña Nieto y del endeudamiento total equivalente a 710 mil millones de pesos, casi el 17% del Presupuesto de Egresos de la Federación y 3.5 veces más de la recaudación aprobada. ¿Quién financiará entonces la desnacionalización del petróleo?  ¿Con qué costos sociales? El pueblo, la parte más desfavorecida y los sectores medios orillados a creciente empobrecimiento. Irremisiblemente, ese endeudamiento generará insolvencia y reiterados aumentos de impuestos, reducción del gasto de programas fundamentales como educación y salud, encausando a la Nación a la profundización del neoliberalismo, ajeno a la justicia social y la redistribución de la riqueza.

La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, las modificaciones a la Leyes del IVA y el IEPS, prueban del desinterés por pueblo mexicano al mantener intactos los privilegios de los grandes grupos económicos, que se apropian del 60% del Producto Interno Bruto, mientras pagan impuestos equivalentes al 7% de la recaudación total, cuando debieran aportar, de acuerdo con su participación en la riqueza social, un 60% de la recaudación total. Podría hacerse simplemente eliminando, sin simulaciones, los privilegios, recaudando 850 mil millones de pesos, el 64% de los ingresos totales del Gobierno Federal. Hemos escuchado los argumentos, en medios de comunicación, incluso aquí, al Secretario de Hacienda a afirmar el fin de los privilegios fiscales ocultando el potencial de la recaudación, con sólo modificarse la Consolidación Fiscal, principal privilegio, lo que demuestra quién manda en este país.  Una verdadera reforma fiscal hubiera pasado, además, por un plan auténtico de austeridad, que ahorraría al menos 385 mil millones de pesos, como lo especificó Lopez Obrador en una misiva a este Senado, y esos 850 mil millones de pesos provenientes de la eliminación de la consolidación. Es vergonzoso que se disimule que el ‘Régimen de Consolidación Fiscal”, sólo cambia de nombre por el de: “Régimen Opcional para Grupos de Sociedades” copia exacta.

El Impuesto Sobre la Renta, recae fundamentalmente sobre las personas físicas. Originalmente, esta propuesta planteaba que la recaudación sobre las personas morales aumentaría en 16 mil millones de pesos, mientras que de las personas físicas, se obtendrían 59 mil millones de pesos. Al no eliminar los tratamientos especiales a maquila, transporte, grandes corporaciones del sector primario, la desigualdad entre las personas físicas y morales se profundizará, al haber aumentado el cobro escalonado del ISR a las personas físicas del 30 al 35%, así como mantener el gravamen a las ganancias en bolsa principalmente a los fondos de retiro, SIEFORES; el porcentaje de la contribución a la recaudación de las personas físicas aumentaría con respecto al total. Actualmente, las personas morales aportan el 38% de la recaudación, mientras las personas físicas el 62%. De esta manera, los porcentajes quedarían en 66% de aportación de la recaudación total del ISR para personas físicas y 34% para personas morales. Con las modificaciones hechas, se tendrá una caída en la potencial recaudación por ISR respecto a la iniciativa, de 27 mil 524 millones de pesos.

Las modificaciones al IVA son regresivas, profundizando la desigualdad social y distorsionando las condiciones de competencia para las empresas de la frontera norte. En ese sentido, uno de los elementos más regresivos, por la incidencia de los más pobres en el pago de este impuesto, lo constituye la homologación del IVA en la zona fronteriza, ahora al 16%. En el norte se afecta el esquema de inversión establecido por la diferenciación que existía, pero en la frontera sur, la pobreza se multiplicará. Adicionalmente, en la desesperación por “tapar el hoyo fiscal” que dejará la privatización de PEMEX, se inventan pequeños impuestos ridículos.

En el IEPS, bajo supuestos impuestos ecológicos sobre la enajenación e importación de combustibles fósiles, se legaliza la entrada de las corporaciones transnacionales en la importación de gasolina, turbosina y diésel, en primera instancia y de su establecimiento en el país con gasolineras posteriormente. La aprobación de este impuesto, acepta la importación de gasolinas por un ente distinto a PEMEX, lo que se complementará con la pendiente Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para introducir subrepticiamente la privatización la exploración y explotación de petróleo, legalizando los contratos de utilidad compartida.

Se aprobó el monto de los gasolinazos -realmente un impuesto- que tendrán un impacto sustancial en el poder adquisitivo de la mayor parte de los mexicanos, fundamentalmente los más pobres y las clases medias. En relación a esto último, la cifra en negativo de 29,685 millones de pesos en el IEPS que aparece en la Ley de Ingresos para 2014, supuestamente es el monto de un subsidio en diésel y gasolinas, lo cual es falso, ya que el valor de este supuesto subsidio se calcula con la diferencia entre el precio de la gasolina en México y el precio de la costa del “Golfo de los Estados Unidos”, cuando lo correcto es hacerlo con el precio de producción de PEMEX para las gasolinas producidas en el país o con el precio de importación de la gasolina, en el caso de las importadas. Otro argumento es que el precio en México por litro, es menor a la ofrecida en los Estados Unidos, sin considerar que, un salario mínimo de los Estados Unidos puede comprar 62 litros de gasolina, mientras un salario mínimo de México sólo puede adquirir 5.3 litros.

Al hacer el balance de los ingresos del Gobierno Federal, el recorte de la recaudación potencial de 240 mil a 180 mil millones, se compensó parcialmente, con un aumento ficticio del precio del barril de petróleo, compensaron el recorte de 60 mil millones en la recaudación del precio del petróleo para incrementar los ingresos por derechos de los hidrocarburos en casi 50 mil millones de pesos.

Finalmente, el hoyo fiscal que generará la desnacionalización petrolera y los exiguos ingresos de la reforma fiscal, tendrán que ser cubiertos por deuda. Los recortes en el IVA y del ISR respecto a la iniciativa original, aunque el Gobierno Federal pretendía recaudar 240 mil millones de pesos, sólo lo hará con 180 mil millones de pesos. Conforme a nuestros cálculos, por cada 30 mil millones de dólares de inversión extranjera en petróleo, habrá un hoyo fiscal de 17 mil millones de dólares, que al tipo de cambio actual correspondería a 221 mil millones de pesos. ¿Cómo van a tapar ese hoyo fiscal cada año, por ese monto?: con endeudamiento, mutilación del gasto público y avalanchas de impuestos futuros. Reiteramos, la razón del endeudamiento se enmarca no en romper paradigmas neoliberales del “déficit cero”, o en impulsar el crecimiento económico y programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad social, sino para tapar un hoyo fiscal que vendría de la desnacionalización del petróleo. La deuda total que incluye la interna y la externa aprobada por un monto de casi 800 mil millones de pesos, será un lastre que sacrificará a las futuras generaciones, para sustituir los ingresos que dejarán de percibir las finanzas públicas, insistimos, por la desnacionalización del petróleo. Así, los que voten por esta miscelánea fiscal, que aprueben hoy la Ley de Ingresos, que aprobaron los aumentos a la deuda pública, están preparando recursos públicos para asegurar las ganancias de las transnacionales petroleras. El Pueblo Mexicano quedará endeudado por años, casi por el mismo monto del FOBAPROA. Los ajustes que concedió Videgaray para asegurarse la aprobación de su reforma, representan si bien temas importantes, no tienen significación más allá de lo mediático cuando se está garantizando aprobar este paquete antisocial, antinacional y reconocido como un desastre financiero.

MANUEL BARTLETT DÍAZ,
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

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