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El magisterio disidente hizo que Segob ablandara su postura sobre las evaluaciones que se aplicarán a los maestros.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró ablandar a la Secretaría de Gobernación y obtuvo un acuerdo que limita los alcances de la nueva legislación que fue aprobada hace unas semanas.

Según una nota del periódico Reforma, en el acuerdo, firmado por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, se establece que, tal y como lo exigían, los maestros participarán en el diseño de sus propias evaluaciones.

No sólo eso: también podrán decidir sobre los criterios para recibir reconocimientos, ingresar al servicio docente, obtener promociones y seguir dando clases.

En el nuevo marco legal, esa tarea corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a la Coordinación Nacional para el Servicio Profesional Docente.

Otro de los acuerdos es que ningún profesor –con plaza definitiva o sin ella– que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones.

En contraparte, la recién aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente establece evaluaciones obligatorias y periódicas para maestros, directores y supervisores.

En caso de no acreditarlas, tendrán dos oportunidades anuales más para aprobarlas. Aquellos maestros que no tengan nombramiento definitivo y que reprueben en ambas ocasiones se supone que serán despedidos.

La Ley Docente contempla que aquellos profesores con plaza definitiva que no aprueben las evaluaciones serían readscritos a otras áreas.

Pese a lo que establece el marco legal, el acuerdo Segob-CNTE ampara a todos los maestros en servicio, aunque no tengan nombramiento definitivo.

De acuerdo con el Artículo tercero constitucional, el INEE es la instancia que determinará los procesos para que cualquier persona ocupe una plaza docente; sin embargo, el acuerdo tira esa determinación.

Ayer, ninguno de los dirigentes magisteriales quiso ventilar los alcances del acuerdo con el argumento de que la asamblea nacional de esa organización no ha asumido una posición oficial.

"Consideramos que de ninguna manera resuelve las demandas centrales de la CNTE. Sin embargo, se recibió como propuesta de Gobernación", dijo Rubén Núñez, líder de la sección 22.

SEP limitada para hacer cumplir la Ley del Servicio Profesional Docente

A casi dos meses de la publicación de las leyes secundarias que rigen la reforma educativa y en medio de las movilizaciones de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diferentes estados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió que se cumplan las nuevas normas, porque sólo así terminará el desprestigio de los docentes.

De acuerdo con otra nota del periódico Excélsior, Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica, reclamó que si ahora se cuenta con nuevas reglas para mejorar el servicio profesional docente es necesario acatarlas; dijo que a diferencia de décadas anteriores, hoy existe una legislación que establece “con claridad” el ingreso al servicio docente, así como las promociones y los ascensos.

“Impulsar el servicio profesional docente es una tarea fundamental. Las leyes están ahí y nos toca a todos hacer de éstas una realidad palpable, que se sienta en todas las aulas. Se han dicho muchas cosas sobre el servicio profesional docente, se ha dicho que se construyó una ley de evaluación, una propuesta de orden laboral, que no tiene que ver con lo educativo, y no es así.”

En su intervención en la ceremonia de la entrega del Premio ABC 2013, la subsecretaria aprovechó para enfatizar que la reforma educativa sólo será visible cuando las normas que rigen a los profesores se cumplan, lo cual involucra a gobernadores, funcionarios y docentes.

Dijo que México cuenta con una “ley que da claridad” sobre el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros, pero admitió que la SEP está atada de manos en hacer cumplir todas las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional Docente, porque la violación que existe sobre el no despedir a los profesores que se han ausentado de las aulas por más de tres días en un mes es responsabilidad de los gobiernos estatales.

Martínez Olivé recordó que la SEP no puede sancionar a los maestros paristas que se han ausentado de las aulas para protestar contra la reforma educativa.

“Esa es una tarea de la autoridad educativa estatal, eso es clarísimo. Las autoridades educativas estatales no dependen de nadie y tienen atribuciones por ley y son las relativas a la operación del servicio. No estamos hablando de improvisar, sino de construir nuevas realidades y eso toma tiempo. Las leyes están para ser aplicadas; no se construyen leyes para echarlas en saco roto, y los estados las tendrán que cumplir”, reclamó.

Señaló que el desprestigio de los maestros se ha profundizado por la falta de normas, ya que por décadas en el sistema educativo han imperado los usos y costumbres, los cuales “son inapelables”, porque “no hay tribunal al cual acudir para reclamar sobre usos y costumbres y por eso hoy tenemos normas y reglas claras”.

Al respecto, el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González Guajardo, destacó que el país tiene ya con una reforma educativa y “no podemos desperdiciarla”, pues de ella depende que el sistema educativo cuente con maestros y directores capaces que ofrezcan calidad a la educación.

Pese al desprestigio ganado por los profesores por las movilizaciones y bloqueos en todo el país, consideró que sí hay buenos docentes, porque no todos forman parte de la disidencia que rechaza la reforma, pero su labor se demerita ante las barreras sindicales y la burocracia.

“En México un magnífico maestro tiene que contender con problemas familiares, nutricionales y sociales que limitan a sus estudiantes, con infraestructura escolar incompleta y defectuosa, con burócratas que muchas veces piden y toman más de lo que dan, con cúpulas sindicales politizadas y corrompidas, con padres de familia muchas veces pasivos y complacientes.”

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