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El sector empresarial denunció que los actos violentos que persisten en algunas entidades, principalmente en Michoacán, han orillado a que las actividades económicas se vean amenazadas, deterioradas o interrumpidas por robos, secuestros y la extorsión como cobro de piso, derecho de paso, por hectárea, por cabezas de ganado o como cuotas sobre la producción y en los procesos de negocio.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que los recientes hechos violentos en varios puntos del país y las últimas estadísticas disponibles, no muestran una tendencia significativa de mejoría en lo general, y en cambio sí un incremento en temas como el secuestro y la extorsión.
Dichos datos "confirman que el reto de la inseguridad pública continúa siendo el expediente abierto más delicado para México, por los daños y riesgos inherentes para la población, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática", sostuvo según una nota del periódico Crónica.
Para el empresario son inquietantes las señales que se derivan de fenómenos como el crecimiento de las llamadas autodefensas y de otras acciones que surgen de la sociedad para responder a la delincuencia y la impunidad de grupos que violentan la ley, cuando no ven respuesta de las autoridades.
"Se han presentado actos que rayan en el terrorismo y evidencias de localidades donde los criminales ejercen, de facto, un poder paralelo al de las instituciones", comentó en un mensaje.
Por ello, Gutiérrez Candiani se pronunció porque que en la sociedad, en los tres órdenes de Gobierno y los poderes de la Unión, no se relegue a segundo plano el desafío de la delincuencia.
Lo cual –agregó- implica una necesidad de mayor claridad en las estrategias y los compromisos, así como objetivos y resultados concretos que generen confianza de que el problema está en vías de solución.
En opinión del líder empresarial, hay avances importantes en algunas entidades y a nivel federal, pero en compromisos como la depuración de policías estatales y municipales, así como la sistematización de un control de confianza efectivo, vuelven a vencerse plazos para completar procesos que debieron quedar listos hace años.
Recordó que ante contingencias como la crisis en el puerto de Lázaro Cárdenas, se recurre al Ejército, la última línea de defensa de la sociedad, como antes se ha hecho en otras plazas. Pero nuevamente, la demanda es que se resuelvan las fallas estructurales en las policías y órganos civiles de prevención y procuración de justicia, para que este tipo de intervenciones sean temporales, y no una medida permanente.
Por lo que urgió a que las autoridades civiles, sus corporaciones policiacas y el aparato judicial se fortalezcan, para cuidar a la población, procesar y castigar a los delincuentes.
"Todo avance será lento o precario en tanto no se resuelva esta asignación. Mientras en muchas localidades, la delincuencia y policías estén mezcladas, prácticamente trabajando en equipo, su población seguirá viviendo con miedo y desconfianza. Mientras que el 96 por ciento de los delitos del fuero común quede sin castigo", lamentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Finalmente, dijo que no basta generar planes y compromisos, "hay que implementarlos de manera rápida y eficiente. Porque esta es una lucha de la nación, no solamente de un gobierno".
Se elevó el número de homicidios
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, reconoció que en 12 años de gobiernos panistas se incrementó el homicidio en 57 por ciento.
Al participar en la Semana de Prevención de Violencia desde la Salud Pública, que se realiza en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el funcionario explicó que en 2000 hubo 14.1 casos por cada 100 mil habitantes, mientras en 2012 la cifra creció a 22.
Por ello, dijo, México se ubicó en el lugar 15 en materia de violencia en un listado de 34 países evaluados por la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo con otra nota del periódico Milenio, los datos del año pasado de este organismo ubican al homicidio en México por arriba de la media internacional. Según información del INEGI, en ese año se registraron más de 20 mil muertes dolosas.
"Los homicidios pasaron de ser la décima causa de muerte en 2006 a la sexta en el 2012. Son la primera causa de muerte en personas entre 15 y 44 años de edad", aclaró.
Campa precisó que "si bien en México hay regiones con bajo índices, como Yucatán, con dos homicidios y apenas por encima del promedio de Canadá, también tenemos regiones (como Chihuahua) con problemas de violencia altísimos comparados con los países más violentos del hemisferio, con 60 o 70, como Venezuela u Honduras".
También precisó que en nueve entidades se concentra 59 por ciento de los suicidios: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco.
Por ello, continuó, el gobierno federal trabaja en 57 zonas del país y en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, además del área de Tepito (que abarca las demarcaciones de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc) para reducir la violencia.
El subsecretario reconoció que México tiene un problema grave de violencia, que se acrecentó en los últimos años. Por ello, la administración de Enrique Peña Nieto se propuso reducir de 22 a 20 los decesos dolosos por cada 100 mil habitantes.
La violencia en México afecta principalmente a los jóvenes de 15 a 29 años. En este sector de la población el homicidio se ha convertido en la primera causa de muerte.
El funcionario mencionó que las autoridades federales han reducido estas cifras a partir de un trabajo "que ha implicado, por un lado, una visión distinta en términos de la organización, no solamente por la relación del gobierno federal, sino también con los gobiernos estatales y municipales".