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Los fondos federales que recibieron los municipios para la seguridad pública también se entregaron a cambio de "moches".
DE acuerdo con una nota del periódico Reforma, alcaldes acusaron que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que encabezó el panista Juan Manuel Alcántara Soria condicionaba la entrega de recursos.
Según las versiones, el funcionario ofrecía entregar recursos a cambio de contratar despachos e instituciones vinculadas con él y otros de sus colaboradores.
"La forma de obtener los recursos pues era muy sencilla: ellos ponían las empresas, te daban un número de empresas a las que tú tenías que comprarles y solamente así, con esa posibilidad, podrías acceder a recursos, y al año siguiente te doblaban el monto de asignación", denunció el ex alcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós.
Dijo que con los recursos del fondo de seguridad pudo crear un Centro de Información C-4 y se compraron equipo, cámaras, patrullas, y se impartieron cursos de capacitación, entre otros proyectos.
José Luis Gutiérrez Cureño, alcalde de Ecatepec del 2006 al 2009 y actual Presidente Consultivo de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), que agrupa a los munícipes perredistas, también confirmó que hubo muchas presiones para favorecer a ciertas empresas.
"A veces sólo como insinuación, otras veces como recomendación y otras veces como lobbying (...) esa fue siempre una práctica tolerada, es decir, todos los veían normal y a los alcaldes nos colocaban en el brete de aceptar o no esas reglas no escritas o metalegales del sistema de asignación de recursos federales", reconoció.
El diario Reforma también consultó despachos que fueron excluidos y aseguran que Alcántara Soria y su colaboradora Laura Carrera Lugo, quien era la titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, estaban organizados para recomendar empresas de seguridad vinculados a ellos.
Esta nueva acusación de presidentes municipales, surge luego de las denuncias contra diputados federales, quienes ofrecen asignar recursos del Presupuesto federal a cambio de comisiones, que irían del 10 al 25 por ciento, o la asignación de obras a las empresas constructoras que ellos decidan.
Para este año el fondo del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) es de 4 mil 559 millones de pesos.
Rechaza Villarreal que exista el moche entre diputados
Luis Alberto Villarreal, el jefe de la bancada del PAN en San Lázaro, jura y perjura que en la Cámara de Diputados no ha conocido de un solo caso de 'moche' para condicionar recursos federales a presidencias municipales.
"Niego categóricamente conocer a alguien que lo haya pedido o al que se lo hayan dado. Consecuentemente, yo, como no me guío a través de radiopasillo o de anónimos, no lo puedo confirmar", afirmó en entrevista.
Asegura que, en su trayectoria pública, esa cultura ligada a la corrupción ha estado siempre alejada de su forma de actuar.
"No tengo dinero bajo el colchón", responde cuando se le pregunta si estaría dispuesto a revelar su patrimonio personal.
Desliza la posibilidad de proceder penalmente contra quien resulte responsable de las imputaciones a su persona.
Acusan a ex funcionarios de Michoacán de pertenecer al crimen organizado
Tito Emigdio Fernández Torres y Alfonso Solórzano Fraga, dos de las personas que fueron recibidas por la Comisión de Seguridad del Senado y luego acusados de pertenecer al cártel de Los Templarios por la senadora Luis María Calderón, pertenecieron al gobierno del ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.
Ambos, además, tienen un historial que incluye actos ilícitos y están vinculados con el empresario Carlos Ahumada, quien estuvo preso por fraude.
Según otra nota del diario 24 Horas, se sabe que Fernández Torres mantuvo una relación con el empresario desde 1997, cuando el primero laboraba en la delegación Iztapalapa. Luego se desempeñó en el gobierno del Distrito Federal como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, cargo del que fue inhabilitado por 10 años, luego que una auditoría reveló una serie de compras no autorizadas.
Más tarde, Tito Fernández llegó al estado de Michoacán, arropado por gente del empresario naturalizado mexicano. Por influencia política, fue colocado en posiciones estratégicas al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), llegando a ser subsecretario de dicha dependencia, bajo el mando del otro personaje que se presentó en el Senado, Alfonso Solórzano Fraga.
Siendo Lázaro Cárdenas Batel gobernador de Michoacán, designó como titular de la SCOP a Solórzano Fraga, quien también está vinculado a Carlos Ahumada, debido a que durante su gestión las licitaciones eran siempre ganadas por las empresas Grupo Quart, Cascata Agosa y Austra, relacionadas con Carlos Ahumada.
Todavía con Solórzano Fraga al frente de la dependencia, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Michoacán halló varias irregularidades administrativas y formuló observaciones sobre licitaciones irregulares. El afectado directo fue Tito Emigdio Fernández Torres, quien fue inhabilitado nuevamente, ahora en Michoacán, en 2002.
Actualmente, Fernández Torres es uno de los líderes del “Movimiento Paz y Dignidad por Michoacán”, mismo que se presentó en el Senado, aunque desde hace algunos meses, en redes sociales algunas personas le acusan de pertenecer al cártel de Los Templarios.
Por su parte, Tito Emigdio Fernández, negó pertenecer a cualquier grupo de la delincuencia organizada y reveló que presentará una denuncia penal contra la legisladora panista por difamación.
Durante una entrevista radiofónica sostenida con José Cárdenas, de Grupo Fórmula, Fernández Torres, confirmó que en recientes días acudió el recinto senatorial junto con un grupo de michoacanos.
“Fuimos a reclamar al Senado de la República que en una región de la zona de Michoacán ha habido problemas tan graves, Pepe, de lesa humanidad, en algunos municipios donde han tratado a la gente como si fueran animales”, refirió.
“Nosotros acudimos y tajantemente te digo que la senadora Luisa María Calderón está mintiendo, porque no puede tener información y categoría al expresar que somos miembros de cártel alguno”, precisó el ex funcionario.
Explicó que posiblemente la senadora esté molesta, porque al acudir al encuentro con los michoacanos, “le pedimos que no fuera grosera, porque cuando ella entro al recinto no saludo a ninguno de los personajes que íbamos en esta comisión”.
Insiste Senadora en que sin son Templarios
Todavía ayer la senadora Luis María Cocoa Calderón sostuvo ayer que el Senado sí recibió a personas vinculadas con el grupo delictivo de Los Templarios, aunque no quiso responder concretamente sí los identificó y el por qué no expresó sus denuncias públicamente o ante las autoridades competentes.
Aseguró que le “sonaron” los nombres de los individuos que recibió la Comisión de Seguridad del Senado, y afirmó que sí son ejidatarios y empresarios “pero también tienen su corazoncito en otro lado”.
La senadora Calderón contó que estaba en su escaño y llegó “un funcionario” de la Mesa Directiva a informarle que pedían desde dicho órgano legislativo que atendieran a unas personas de Apatzingán.
La legisladora preguntó quiénes eran los nombres de los manifestantes “porque a mí eso no me suena”.
La hermana del ex presidente Felipe Calderón agregó que Fayad Meneses tardó en llegar una hora y media, una vez que estuvo presente, la senadora le pidió que no los atendieran.
“Le dije: a mí me parece que los mandan Los Templarios, yo te pido que no los atendamos”, a lo que el senador priista le respondió: “Bueno, la Mesa Directiva nos lo pide, no sabemos quién son. Vamos a atenderlos, no le podemos cerrar la puerta a los ciudadanos”.
La senadora por Michoacán añadió que cuando entraron y empezaron a decir sus nombres, se hizo un receso y se salieron los legisladores. Calderón Hinojosa recordó cómo uno de los presentes se dirigió al senador Omar Fayad y le dijo: “Es que desde que el presidente (Felipe) Calderón nos declaró la guerra…”, a lo que ella volteó y dijo: “¡Ay, Dios!”.
Sobre este hecho, Cocoa aseguró que el senador hidalguense afirmó que él le pasaría un reporte a la Secretaría de Gobernación.
Previo a las declaraciones de la legisladora michoacana, el coordinador panista, Jorge Luis Preciado comentó que cuando la senadora Calderón les denunció a ellos la presencia de personas del crimen organizado, decidieron no acudir más al encuentro y pidieron al senador priista Omar Fayad que reportara el hecho a la Secretaría de Gobernación.