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En su reciente informe entregado a la Cámara de Diputados Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuestionó al ex edil de Huamantla, Carlos Ixtlapale Gómez la aplicación de 25.5 de los 30.8 millones de pesos que recibió del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en 2012.
Dentro de la evaluación realizada indica que tanto la ASF como el OFS consideran que en términos generales el municipio de Huamantla, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe.
En este sentido, destacan recursos federales aplicados en rubros no contemplados en la normativa por 25.5 millones de pesos; dos obras que no beneficiaron a la población en condiciones de pobreza extrema por 554 mil pesos.
Así como pagos en tres obras públicas que no fueron ejecutados por 118 mil pesos y, desde luego, vicios ocultos en una obra por 3.5 miles de pesos.
Dicha revisión fue para los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, denominada Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-D-29013-02-1031 GF- 320.
La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación durante el año 2012 al municipio de Huamantla por 30.8 millones de pesos. En la misma revisión participó el Órgano de Fiscalización Superior.
Señala que dentro de los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Huamantla arrojó fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las siguientes:
En la misma, la ASF encontró las siguientes fortalezas. Por ejemplo: el municipio dispone de mapas de pobreza y de otros estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago para apoyar la programación de las obras.
Además, de que se tienen los mecanismos para que se constituya en cada obra un comité que vigile su ejecución y entrega-recepción a los beneficiarios directos, el municipio cuenta con un manual de organización y procedimientos.
"Incluso, no existe un mecanismo para verificar que el personal cumple con las disposiciones normativas aplicables al fondo; "no hay controles para evitar que se realicen transferencias de recursos del fondo a otras cuentas".
Asimismo, el municipio no dispone de un código de conducta que delimite la actuación ética de los servidores públicos que participan en la gestión del fondo.
Incluso, el gobierno del estado le retuvo 6.7 millones de pesos a la comuna por concepto de amortización del crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Es más, el municipio destinó 680.5 miles de pesos en dos obras que se encuentran fuera de los rubros permitidos en la normativa, incluso, no presentó los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La ASF indica que la comuna únicamente destinó el 2.4% de los recursos del fondo a obras de infraestructura básica: el 2.3% en agua potable y el 0.1% en drenaje y letrinas, lo que no contribuyó en el abatimiento del déficit de servicios.
Y aún cuando el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dictaminó que el ayuntamiento anterior, no aprobó la auditoría relativa a la ejecución de recursos públicos federales de 2012, la anterior Legislatura aprobó sus cuentas públicas, a pesar de que estaban plagadas de irregularidades.
Basta recordar que el 30 de octubre de 2012 vencía el plazo para la aprobación de las cuentas públicas de dicho municipio, por lo que la mayoría priísta modificó el dictamen de la Comisión de Finanzas y Fiscalización que iban con sentido reprobatorio.