- Seguridad
Por diversas irregularidades sanitarias y ausencia de las medidas de seguridad, señalización y falta de documentación, los establecimientos denominados “La Clama” y “War-Hall”, ubicados en el municipio de Chiautempan, fueron suspendidos de sus funciones la madrugada del 22 de marzo, durante un operativo interinstitucional.
El primer inmueble supervisado por las autoridades estatales fue el denominado “La Clama”, ubicado en avenida Díaz Varela, número 133, colonia Industrial, municipio de Chiautempan, en el que se supervisó a 160 personas entre mujeres y hombres, a fin de constatar que no contaran con mandamientos judiciales o que fueran menores de edad, sin que se registrara alguna novedad.
El bar fue suspendido de sus funciones, por personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coepris) por no cumplir con diversas normas sanitarias. En tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil, clausuró el establecimiento por falta de documentación y medidas de seguridad.
Simultáneamente, la célula dos se situó en el inmueble denominado “War-Hall”, ubicado en el bulevar Ocotlán-Chiautempan, número 3, donde se revisó a 80 clientes, tras la inspección, la Coepris suspendió el lugar por no contar con la documentación necesaria, además de incumplir con la normatividad de la Ley General del Tabaco vigente en el Estado. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil hizo lo propio por falta de medidas de seguridad.
En este inmueble, los agentes de la Policía Ministerial aseguraron y pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Mesa de Detenidos a Ismael Paleta Bañuelos, de 31 años de edad, por delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas e injurias, lo anterior, ya que agredió e insultó a los detectives durante la inspección.
En esta acción conjunta que inició a las 23:30 horas, del 21 de marzo y concluyó a las 03:00 horas del día siguiente, participaron elementos de la Policía Ministerial y Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), de la Procuraduría General de la República (PGR), efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (Sspe), de la Policía Federal, así como trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud (Sesa) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh).