- Gobierno
La aplicación del nuevo sistema penal en el país no prospera.
La Secretaría de Gobernación elaboró una nueva metodología de clasificación y estratificación del avance de la reforma constitucional y las entidades no salieron bien libradas.
Sólo ocho estados tuvieron un puntaje de cinco o más, en una escala de cero al 10.
El mejor clasificado fue Chihuahua, con 7.4, y los peores fueron Jalisco y el Distrito Federal, con puntajes de 0.5 y 1.3, respectivamente.
En la anterior metodología, a las entidades se les ubicaba en una de cuatro etapas de avance: inicial, planeación, en vigencia y en operación (parcial o total).
Ahora, la Segob les da un valor numérico del cero al 10 y las clasifica dentro de siete niveles: mínimo (N1), bajo (N2), medio bajo (N3), medio (N4), medio alto (5), alto (6) y óptimo (7).
El grueso de las entidades (12) se encuentra en el nivel bajo, que va del 1.5 al 2.9 en la escala de valor, lo que refleja el rezago en la instauración del nuevo sistema penal.
En ese nivel están Colima, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, Campeche, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco, entre otras.
En el nivel alto sólo está Chihuahua; mientras que en el medio alto se ubican Nuevo León, con 7.1 y Morelos, con 6.8.
Ninguna entidad ha llegado al nivel óptimo, a pesar de que la reforma se aprobó desde julio de 2008 y dio hasta 2016 para que el modelo de juicios orales opere en todo el País.
El informe aclara que la evaluación y el diagnóstico se realizan de manera "presencial y conjunta" entre la Secretaría de Gobernación y las instituciones operadoras de los estados.
"Los operadores y las entidades pueden tomar decisiones con base en evidencia. Las entidades pueden tener una visión adecuada de sus progresos según superan los niveles de avance", señala.
El reporte, elaborado por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema (Setec), revela que en 2013 se realizaron casi 400 visitas a los estados.
La semana pasada, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el proceso de transición al modelo acusatorio-oral ha sido lento y obstaculizado.
Como peticionaria, la organización sostuvo que la consolidación de la reforma requiere no sólo cambios normativos y operativos, sino también del compromiso de todas las instituciones y niveles de gobierno.