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Por la corrupción que persiste al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la omisión de reconocerlo y poner en riesgo a las víctimas de los delitos, presidentes y vicepresidentes de barras, colegios y asociaciones de abogados de Tlaxcala, preparan un documento sustentado legalmente para solicitar juicio político en contra del gobernador, Mariano González Zarur, y de la procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, ante el Congreso local.
Asimismo, reprocharon al mandatario estatal su falta de conocimiento del trabajo que esas agrupaciones desarrollan, y más aún, que finja demencia cuando durante su campaña buscó el apoyo de varias de ellas para alcanzar el cargo “por el que todos los tlaxcaltecas le pagan”.
En conferencia de prensa exprofeso, varios profesionales del derecho que representan asociaciones que aglutinan a unos 300 abogados, lamentaron la discriminación de la que han sido objeto prácticamente desde que inició la actual administración estatal y que se ha visto en la falta de certeza en diversos casos legales que el Ejecutivo ha llevado.
Parte de los elementos legales que los litigantes esgrimirían en su solicitud de juicio político, pasa por el hecho no solamente de que el mandatario estatal con su actitud ha permitido que la descomposición institucional del Ministerio Público continúe, sino que se ha dedicado a ser un gobernante “fallido” porque ni hace obras de alto impacto, solo remodela infraestructura ya existente y porque ha tenido que regresar millones de pesos a la federación por no aplicarlo efectivamente para el desarrollo de Tlaxcala.
“Nos menosprecia”, “ha preferido gastar millones en contratar bufetes de Puebla que son sus preferidos, aunque pierda casos”, “es un auténtico autoritario, revanchista y hasta temerario” y hasta que “es un peligro social latente”, fueron algunas de las expresiones que los abogados utilizaron para referirse a González Zarur.
En ese sentido, calcularon que el viernes próximo ya podrían tener el documento que presentarán al Congreso donde, sin embargo, difícilmente pasará por los intereses políticos de los diputados; de ser así, adelantaron, pedirán la intervención del Senado de la República y del Congreso federal.
Entre los profesionales del derecho asistentes y declarantes estuvieron Daniel Morales Cruz, vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados; Porfirio Hernández Reyes, presidente del Consejo de Abogados Democráticos de Tlaxcala; Bertha Pérez Nohpal, presidenta del Colegio de Abogados de Tlaxcala; Arturo Montiel Portillo, presidente de la Federación de Abogados del Sur; y Xochitl Garza Saucedo, presidenta de la Asociación de Abogados Postulantes de Tlaxcala.
Finalmente, criticaron que siendo el coordinador de los esfuerzos de los tlaxcaltecas y quien busca que el tejido social se restituya, declare a la ligera que las únicas barras que conoce son las de las cantinas, lo cual es preocupante pues da la idea que desde allá maneja las políticas públicas del estado.