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Con personajes que en su momento fueron cuestionados cuando se desempeñaron como servidores públicos, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo García Portilla, designó a su equipo de trabajo en el CDE.
En rueda de prensa este domingo, el exsecretario de Planeación y Finanzas presentó a Oscar Amador como secretario de Organización; Silvestre Velázquez Guevara como secretario Adjunto; Mayra Romero Gaytán en el área Jurídica; Gabriela del Razo Becerra en Gestión Social; y Teodardo Muñoz Torres en Acción Electoral.
García Portilla justificó sus nombramientos porque los conoce desde hace más de una década y porque tienen experiencia “fundamental” en la función pública, más que por compromisos al ser gente cercana al gobernador, Mariano González Zarur, a pesar de que Amador fue director de Logística y Eventos especiales del mandatario.
Los exdiputados de la pasada legislatura, Teodardo Muñoz y Silvestre Guevara, estuvieron involucrados en el escándalo de presunto cambio a última hora de dictámenes de cuentas públicas de diversos entes fiscalizables a cambio de favores políticos y económicos; Mayra Romero, como presidenta de la Comisión de Acceso a la Información (Caiptlax), se le vinculó con manejos financieros anómalos.
Sin embargo, con cierto tono de malestar ante los cuestionamientos de la prensa, Ricardo García minimizó esos señalamientos y negó que la nueva dirigencia del PRI y su equipo de trabajo sea un experimento más de González Zarur.
Eso sí, insistió en que en base a un “análisis de temporalidad” el partido tricolor es la primera fuerza electoral en el estado, que sus nuevos colaboradores ofrecen “trabajo” y “compromiso” con la militancia y para ganar elecciones, así como transparencia en el desarrollo de sus actividades partidistas; “le estamos quitando las cortinas al PRI”, dijo.
Por lo demás, aseguró que durante su gestión como responsable de las finanzas del Gobierno del Estado en los años 2011 y 2013, la Auditoría Superior de la Federación no hizo observaciones financieras y por lo tanto no se deben de regresar a la Tesorería federal más de 300 millones de pesos por diversas irregularidades, como se reportó hace unas semanas en la prensa nacional con base en datos de la propia ASF.