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El ayuntamiento de Chiautempan inmoviliza a vehículos que se resisten en pagar el costo por el uso de vía pública –estacionamiento en zona de parquímetros- a pesar de que la operación de los multicitados parquímetros fueron concesionados con discrecionalidad a una empresa privada con aparentes intereses políticos, al no haber una licitación abierta.
Cabe recordar que en diciembre del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las empresas concesionarias de parquímetros no están autorizadas para inmovilizar coches con arañas, ni quitar placas, ya que solo serán las autoridades correspondientes las que pueden sancionar con esas medidas a los automovilistas.
En ese sentido, la SCJN resolvió la validez de la Ley de Ingreso del Municipio de Cuautla respecto a la concesión de parquímetros y sólo acotó que ningún particular podrá aplicar multas o inmovilizar automóviles.
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 13/2013 promovida por la Comisión de Derechos Humanos, a petición de un grupo de ciudadanos inconformes con la concesión del servicio de parquímetros, por unanimidad de votos, los ministros del pleno de la SCJN determinaron que es completamente legal el artículo 11 de la Ley de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2013 del Ayuntamiento de Cuautla, referente a la concesión del servicio a la empresa Hiberparking, S.A. de C.V. y la creación de un fideicomiso para la administración de los parquímetros.
Tras el resolutivo del máximo tribunal del país, son policías del Ayuntamiento quienes llevan a cabo esa acción que si bien esta fundamentada, más no así que los servidores públicos orienten su trabajo a favor de una empresa privada COPEMSA a la que le fue concesionada la operación de los mismos.
Ya son varios meses de conflicto en esa comuna, que ha provocado inconformidades, destrozos y confrontaciones entre pobladores y autoridades municipales.
Es de hacer mención que la operación de los parquímetros en el municipio de Chiautempan desde hace varios meses se ha visto envuelto en un manto de aparente corrupción debido a la resistencia del edil y de los integrantes del cabildo para informar a los ciudadanos sobre el proceso y los criterios que se tomaron para su operación.
Además generó molestia entre los pobladores del municipio, ya que no fueron consultados en la operación de los mismos y de la noche a la mañana se implementó esa medida que ha sido abanderada por diversos actores políticos y que amenaza con salirse del control de no tomar las acciones inmediatas.
Y es que las constantes marchas y manifestaciones han deteriorado la imagen del Municipio las cuales ya han tomado tintes vandálicos ya que se presume el Ayuntamiento ha contratado gente foránea para provocar enfrentamientos.
No obstante de que el caso ha sido presentado ante la SCJN, a la fecha no ha habido un resolutivo al respecto.
Además ha sido solicitada la intervención del Congreso local para su mediación, solo ha servido para alargar el conflicto al no haber disponibilidad de la autoridad municipal en que sea el diálogo la vía de solución y le ha apostado al desgaste.