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El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del estado, el priista Javier Vázquez Sánchez reconoció que es necesario frenar los abusos y excesos cometidos por las empresas dedicadas al servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en la entidad, las cuales realizan cobros desmedidos al usuario.
Además, sostuvo que es urgente frenar los abusos cometidos, a partir de un contubernio y corrupción que existe entre las empresas de grúas y elementos de la Policía Federal (PF), pues son los uniformados quienes etiquetan y definen qué firma realiza el traslado y resguardo de las unidades vehiculares que sufren algún percance.
Por ello, el legislador reconoció que es necesario que a partir de una reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado o de una nueva norma en la materia se regule esta actividad, la cual ha dejado importantes dividendos a los empresarios del ramo, pues realizan cobros a su libre arbitrio.
La posición del priista legislador ratifica la denuncia que la víspera hicieran integrantes de la asociación civil Corresponsabilidad en el Transporte, quienes evidenciaron que por vacíos legales y por desconocimiento de las personas en la prestación del servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos por parte de empresas de grúas, en Tlaxcala se realizan cobros excesivos y abusivos.
El presidente de esa agrupación, Arturo Balderas Moyano puntualizó que la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala adolece de algún mecanismo de defensa para los usuarios del servicio de grúas, pues no hay disposición alguna que regule las tarifas en el territorio estatal.
Por ello, adelantó que presentarán al Congreso una iniciativa de adecuación al marco normativo para que se clasifique al servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos en la categoría de permisos en Tlaxcala, entre otras propuestas.
Al respecto, el diputado reconoció que es necesario adecuar las disposiciones jurídicas locales, porque “en este tema hay cobros excesivos en contra de quienes por desgracia tenemos que hacer uso del servicio de grúas, porque esas empresas, en contubernio con la Policía Federal, deciden quiénes hacen los traslados, a dónde llevan las unidades y, sobre todo, cuánto cobran”, señaló.
–¿Entonces hay corrupción en la prestación de este servicio?, respondió
–Sí, desde luego, porque entre ellos saben de este asunto, por eso hay que regular la disposición.
Vázquez Sánchez recordó que desde hace 15 años, cuando fue diputado por primera vez, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Comunicaciones y entre los temas estaba el de regular esos servicios, pero “no hubo acuerdo con el gobierno para sacar la ley”.
Por ello, confió en que ahora sí prospere una propuesta que ya elaboran y que podría ser discutida en los próximos meses.