- Nacional
En los primeros cinco meses de este 2014, la incidencia de secuestros en el país aumentó 63% en comparación con los plagios del mismo lapso del año anterior, reveló la asociación civil Alto al Secuestro. Se tienen registrados mil 542 plagios entre casos denunciados y no denunciados.
Muestra de ello es que tan sólo en mayo pasado la organización contabilizó 220 casos, lo que significa 7% más respecto a los registrados en abril, cuando se denunciaron 204 secuestros.
De acuerdo con la organización presidida por Isabel Miranda de Wallace, en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, es decir de diciembre de 2012 a mayo del año en curso, se han cometido 4 mil 383 secuestros.
Esto implica un promedio de 243 casos al mes, 60 a la semana, ocho plagios al día; es decir, de acuerdo con el reporte, en México es secuestrada una persona cada tres horas, una cifra nunca antes vista.
Según la nota del diario 24 Horas, en ese período, seis entidades concentran 66% de todos los secuestros en el país, es decir alrededor de 7 de cada 10 plagios se cometieron en el Estado de México (838 plagios), Morelos (403), Guerrero (390), Tamaulipas (384) y el Distrito federal (284).
Mientras que las cinco entidades donde repuntó el secuestro tan sólo con lo registrado en mayo en comparación con los reportes de abril fueron: Jalisco, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Nuevo León.
Alto al Secuestro identifica a Guerrero como la entidad a la que se debe en gran parte el incremento de plagios este año, y eso se debe a que en enero reportó 200 casos que por algún motivo no había informado antes, anomalía que en reiteradas ocasiones ya ha denunciado la asociación.
En ese mes, la PGR atendió 32.27% del total de plagios a nivel nacional, con 71 casos, en tanto que las procuradurías estatales recibieron 149 casos.
Debido a que los datos con los cuenta la ONG en materia de plagios son más elevados que los que oficialmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), porque incluyen los casos denunciados en las procuradurías estatales, los de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga, así como aquellos por los cuales no se ha iniciado una averiguación previa. Según el informe, 1 de cada 10 plagios no son investigados por el Ministerio Público.
Miranda de Wallace reclamó que ese delito en México es una “asignatura pendiente, los esfuerzos para combatirlo han sido insuficientes, no tenemos policías suficientes y capacitados para el tamaño del problema”.
Caen 21 plagiarios en Morelos
Al menos 21 personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el delito de secuestro en lo que va de junio, reportó la Comisión de Seguridad de Morelos.
Según otra nota del periódico Milenio, el titular de la dependencia, Jesús Alberto Capella Ibarra, indicó que “hoy se tienen 21 personas por el delito de secuestro y más de 50 por ciento fueron detenidos en flagrancia en junio”.
A la detención de los probables delincuentes se suma la liberación de seis personas privadas de su libertad, incluidas dos el fin de semana pasado, precisó el funcionario estatal.
Limita la Corte a los estados legislar sobre delincuencia organizada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó claro que ni una entidad puede legislar para perseguir y castigar el delito de delincuencia organizada, pues eso solo compete al Congreso de la Unión, motivo por el cual invalidó diversas reformas a la legislación penal de Nuevo León, según se informa en otra nota del periódico Milenio.
Por unanimidad, el pleno de la Corte resolvió declarar inconstitucional el artículo 171 del Código Procesal de Nuevo León, que fue reformado el año pasado y disponía la aplicación, por oficio, de prisión preventiva en casos de delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó las modificaciones y acusó a los poderes Legislativo y Ejecutivo del mencionado estado por haberse excedido en sus facultades, pues se trata de normas que solo corresponden reformar al Poder Legislativo federal.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro ponente, modificó su proyecto ante los planteamientos que hizo la mayoría de sus homólogos, quienes señalaron que ninguna entidad, incluido el Distrito Federal, pueden legislar sobre el tema.
“Ya había advertido en la presentación del asunto que el tema, sobre todo la competencia federal de delincuencia organizada, tiene distintas aristas, pero una vez ponderado y reflexionado sobre los diferentes planteamientos que hicieron la señora ministra y los señores ministros que tomaron la palabra en la sesión anterior, he llegado al convencimiento de que lo más adecuado para efecto de lograr una decisión lo más conveniente posible y correcta a este asunto es determinar claramente, sin lugar a dudas, que toda la materia de delincuencia organizada es competencia federal”, expresó Zaldívar.
El presidente del máximo tribunal, Juan Silva Meza, indicó que el delito de delincuencia organizada se “federalizó” a partir de que se reformó la Constitución en 2008.
La CNDH argumentó que la reformas a los artículos 26 y 171 del código nuevoleonés vulneran el contenido de los artículos primero, 14, 16, 18, 19, 20 y 73, fracción XXI, de la Carta Magna.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que el Poder Legislativo de Nuevo León es incompetente para legislar sobre prisión preventiva en medidas de seguridad y vigilancia en materia de secuestro, pues tal atribución ya fue ejercida por la Federación en la Ley General en Materia de Secuestro y, por tanto, en esas hipótesis normativas los Estados no tienen libertad configurativa.
“Es decir, la Ley General en Materia de Secuestro ya establece reglas de aplicación generalizada para la prisión preventiva y para las medidas de vigilancia en esa materia. En consecuencia, los estados no pueden regular dichos aspectos que ya fueron cubiertos por la ley general”, declaró.
De hecho, los delitos relacionados con la delincuencia organizada son considerados de orden federal, de ahí que el gobierno central se encargue de perseguirlos. En tanto, en diferentes ocasiones los propios gobernadores argumentan que los delitos relacionados con el narcotráfico corresponde perseguirlos al gobierno federal.