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  • Gerardo Santillán
Extraoficialmente se sabe que la Profepa en Tlaxcala no ha sido notificada del pago, por lo que los sellos de clausura se mantendrán.

Sin calificarlo como una multa, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, informó que el Ejecutivo local pagó  1.1 millones de pesos al Fondo Nacional Forestal, “como parte del trámite” para obtener la autorización de las instancias federales competentes y continuar los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial.

No obstante, trascendió que la delegación de la Profepa en Tlaxcala desconoce si el gobierno estatal ya pagó la sanción impuesto por la autoridad federal, por lo que mantendrán los sellos de clausura que fueron colocados hace unas semanas en los terrenos donde se llevaba a cabo la obra.

El pasado 8 de abril, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la obra que se desarrolla en Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, por carecer de los dictámenes de cambio de uso de suelo e impacto ambiental que debe otorgar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al respecto y en entrevista, el funcionario estatal dijo que “para poder obtener la autorización se tuvo que hacer ese pago, ya está cubierto, es parte del trámite”, puesto que – aseguró – los mismos procedimiento que tiene Profepa permiten que las multas sean conmutables.

La sanción económica original impuesta a la administración estatal fue de 2.6 millones de pesos, derivada de la suspensión de los trabajos en predios de Ciudad Judicial, por daño ambiental.

 “No ha habido un solo desembolso al respecto, más que el único ha sido un pago realizado al propio Fondo Nacional Forestal como parte del trámite de 1.1 millones de pesos aproximadamente”, agregó.

De esa manera, indicó que desde el viernes de la semana pasada los sellos de clausura ya fueron quitados y de inmediato continuaron las labores de edificación del inmueble.

Por otro lado, el funcionario estatal se reservó a dar algún tipo de comentario con respecto a la exoneración de los policías involucrados en el movimiento policial de 2011, debido a que dijo desconocer la determinación y porque ningún juzgado  ha notificado nada al respecto.

A lo que Maldonado Bonilla, refirió que en cuanto se tenga alguna notificación en concreto, la oficina que encabeza estará en posibilidades de realizar algún tipo de posicionamiento.

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