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El pleno del Congreso del estado desechó la solicitud de juicio político en contra de la magistrada Elsa Cordero Martínez, que promovió la juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Rosalba Santacruz Meneses en enero pasado.
Los legisladores determinaron que el recurso promovido en contra de la integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) fue equivocado, mal planteado, amén de que proceder en contra de la jurista por haber sancionado a una juez, sería “vulnerar la autonomía del Poder Judicial”.
Este martes, en sesión ordinaria, los diputados aprobaron por unanimidad de votos el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por la cual decidieron que es improcedente la demanda.
“Es de precisarse que del escrito de denuncia presentado, se desprende que denuncia hechos que considera son constitutivos de instauración de juicio político con efectos de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún otro en el servicio público en contra de Elsa Cordero Martínez, señalando que lo hace en los términos que prevé el artículo 110, segundo párrafo, de la Constitución Política federal, ante ello es evidente que al realizarlo con fundamento en dicho dispositivo, lo hace en forma equivocada”, refiere el dictamen.
El pasado 31 de enero, a unas horas de que se realizara la elección del nuevo presidente del TSJE, Rosalba Santacruz solicitó al Congreso iniciar un proceso de juicio político en contra de Elsa Cordero.
En su solicitud, la juez relató que desde el año 2010, Elsa Cordero instauró al menos cuatro procedimientos administrativos de responsabilidad en su contra, con argumentos de haber cometido “irregularidades” en la resolución de expedientes penales.
De esos procedimientos de responsabilidad administrativa, iniciados por Cordero Martínez, la quejosa fue sancionada por la entonces Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial, de los cuales se derivaron la suspensión del cargo de juez por el término de un año, según el expediente 36/2010, y la destitución en el cargo, con base en el expediente 9/2011.
Sin embargo, relató que esos fallos fueron combatidos ante la justicia federal y al final de los respectivos litigios, le fueron concedidos los amparos.
En respuesta, en su momento, Cordero Martínez enfatizó que la promoción del juicio político en su contra, a unas horas de que se realizara la elección del presidente del TSJE, buscaba frenar sus aspiraciones a ese cargo.
Además, advirtió que no existen motivos para solicitar su destitución e inhabilitarla para desempeñar un puesto público, pues “es la primera vez que por cumplir una función legal y no prestarse a acuerdos distintos a la ley, uno es denunciado”.