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Luego de que ha sido evidenciada públicamente la intromisión de funcionarios públicos en tareas políticas que trabajan en redes a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), provocó que el diputado Santiago Sesín Maldonado solicitara la creación de una Comisión especial para evitar poner en peligro las elecciones federales del 2015.
El perredista resaltó en tribuna que una nota de e-consulta evidenció una lista de operadores políticos que se desempeñan como funcionarios en la administración estatal y en lugar de que fuera desmentida la misma, el Secretario de Gobierno confirmó a un rotativo estatal, que son enlaces institucionales.
Tras precisar que el gobernador Mariano González Zarur, ratificó la existencia de esa lista en la que sobresalen delegados de dependencias federales y estatales, el diputado consideró que es menester que ese Poder Legislativo asumir su responsabilidad en tan delicada situación.
En consecuencia, Sesín Maldonado propuso; “la integración de comisión especial…para que supervise los programas que administra el Gobierno estatal y las delegaciones del Gobierno Federal así como de los Ayuntamientos y la participación de los servidores públicos en esos ámbitos de gobierno a fin de que en ningún momento pongan en peligro la equidad de la contienda electoral federal del 2015 por sus acciones dichos y omisiones”.
Tras presentar las razones por la cual se deberá crear la referida comisión especial, dijo que para resolverse se requiere; “un componente moral y de respeto al espíritu constitucional”
“Los funcionarios estatales que administran el dinero público, no son ciudadanos comunes, se trata de personas con claros intereses políticos, que en efecto tienen derecho participar en activismo electoral, pero que sus funciones los obligan a ser escrupulosos con el dinero y los recursos que manejan”, destacó en tribuna.
Incluso, Santiago Sesín, recordó que en últimos días, desde que su partido el PRD denunció una lista de operadores que trabajan como servidores públicos y que tal servicio del PRI distintas voces se han manifestado en contra de ese comportamiento; “gracias a los medios de comunicación hemos escuchado pronunciamientos racionales de esta circunstancia y a veces frases de verdadero cinismo institucional”.
Por lo anterior, insistió ante sus compañeros para que se conforme la referida comisión y se vigile el comportamiento de los servidores públicos del poder Ejecutivo desde jefes de departamento hasta el Gobernador; “para dar conocimiento a este pleno de posibles acciones de inequidad en sus acciones y o pronunciamientos”.
Además de supervisar a los delegados federales y a los gobiernos municipales; “la comisión especial que propongo deberá conformarse a la brevedad y no deberá vigilar solo el comportamiento en el tiempo de trabajo de los servidores públicos, sino que deberá de ampliar su observación a los espacios en los que los servidores se comportan como ciudadanos para dar cuenta que si en efecto es posible desempeñar ese papel sin que traiga como ciudadano su esencia como funcionarios estatales”
Santiago Sesín sostuvo además, que hay elementos fundados para anticipar desviación de comportamientos, luego de que el PAN al igual que en el PRD, en el proceso electoral pasado evidenció llamadas telefónicas en las que se escuchó al hoy secretario de gobierno, realizar llamadas partidistas y ostentarse como funcionario del gobierno estatal.
También es de conocimiento general que; “se está obligando a los servidores públicos a afiliarse al partido en el poder y que está utilizando el recurso material del gobierno estatal para descontar de la nómina una aportación voluntaria a esos trabajadores”.
Para concluir, el perredista puntualizó que tras actos como el de arriba señalado; “la pluralidad que se presumió al inicio del actual gobierno de Mariano González Zarur- es ahora una fachada sin sustento”.
Finalmente, el proyecto de acuerdo para integra la comisión especial para que supervise en general el uso de los programas que administra el poder ejecutivo estatal, las delegaciones del gobierno federal así como los Ayuntamientos y en particular la actuación de los servidores públicos de esos ámbitos de gobierno, fue enviada a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para su análisis y dictaminación.