- Apizaco
Un daño patrimonial por 27 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) fue detectado a la administración del ex alcalde panista Orlando Santacruz Carreño correspondiente a los ejercicios fiscales del 2012 y 2013.
Según los resultados de la auditoría número TLAX/APIZACO/14 con fecha 1 de agosto del 2014 que estuvo a cargo de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, se detectaron operaciones contables, presupuestales y patrimoniales sin contar con la documentación comprobatoria y justificable.
De acuerdo con documentos oficiales, los resultados de las auditorías a los fondos del Subsemun de los años 2012 y 2013, así como las observaciones fueron notificadas a la Contraloría del Estado a cargo de Huego René Temoltzin Carreto.
La revisión contable y financieros se practicó del 7 de agosto al 11 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la Contraloría del Ejecutivo del estado de Tlaxcala, quedando bajo la responsabilidad de los auditores coordinadores Ing. Arturo Villalobos Cruz y L.C Uriel Urban Ramos, así como los auditores comisionados C.P Miguel Ángel Carreño Cisneros y Ing. Miguel Ángel Cabral Rivas.
De ese ejercicio de fiscalización, se procedió a la firma de dos cédulas de observaciones que fueron notificadas al actual ayuntamiento de Apizaco. El monto con inconsistencias fue de 27 millones de pesos, es decir, 17 millones de pesos del 2012 y 10 millones de pesos del 2013.
En ambos casos, los auditores establecieron que no existe la documentación comprobatoria que justifique la correcta aplicación de las partidas que recibió Orlando Santacruz dentro del programa Subsemun.
Los documentos en poder de la Contraloría del Estado y la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal establecen que los resultados de la auditoría muestran que el municipio de Apizaco incumplió la normatividad que regula el referido programa, lo que ocasionó operaciones contables, presupuestales y patrimoniales irregulares.
La autoridad encargada de las revisiones, no sólo pide que se lleven a cabo las medidas correctivas que se emitieron sobre el caso, sino que además solicita que los recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación y se inicie el procedimiento para sancionar a los funcionarios públicos involucrados en las irregularidades detectadas.