• Salud
  • Luis Castillo
Los trabajadores que están por contrato son considerados dentro del apartado B del articulo 123 Constitucional.

Las irregularidades continúan dentro de la SESA, trabajadores del OPD se encuentran operando bajo un régimen laboral que no les corresponde, siendo violentados sus derechos ante la ineficiencia y complacencia de autoridades que pisotean laboralmente a quienes están trabajando por contrato, en tanto que el Sindicato de Salud no hace algo al respecto por no recibir cuotas de éstos.

Según el apartado “B” del artículo 123 Constitucional, los trabajadores al servicio del estado deben encajar en este segmento pero debido a razones económicas y en un claro abuso, los trabajadores que se encuentran por contrato en la SESA son considerados dentro del aparatado “A” que corresponde a quienes laboran para empresas privadas, quitándoles así derechos constitucionales que deberían tener.

Esto quiere decir que quienes laboran por contrato en la SESA están fuera del apartado que les corresponde, la Constitución dice “A trabajo igual, salario igual” algo que no aplica en la dependencia de salud, en donde los trabajadores ven violentados sus derechos por parte del mismo gobierno de Mariano.

En el caso de un médico general de base, las percepciones económicas rondan los 24 mil pesos mensuales netos pero para quienes se encuentran laborando por contrato la situación es diferente, ya que ganan poco más de 4 mil pesos mensuales según el tabulador del gobierno del estado, violando así la Constitución.

Un ejemplo claro de la impunidad con que trabaja la SESA y su titular Alejandro Guarneros Chumacero es lo sucedido en diciembre pasado, mes en el que los trabajadores no recibieron los 40 días de aguinaldo que corresponden según la ley que contempla para los trabajadores al servicio del estado, personal que recibió la prestación como si fueran de una empresa privada y peor aún algunos no recibieron nada.

Además de que en la ley federal de trabajadores al servicio del estado y la ley laboral de los servidores públicos del estado de Tlaxcala y sus municipio contempla que una vez transcurridos seis meses y un día laborando, el personal debe hacerse a acreedor a un trabajo de base, cosa que no sucede.

Con estas irregularidades opera la SESA, teniendo a más de 2 mil trabajadores en estas condiciones, en tanto que no se conoce a donde paro el recurso que debió ser destinado para el aguinaldo de quienes laboran por contrato, dinero que podría estar siendo utilizado para las campañas del PRI.

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