- Gobierno
La Secretaría de Función Pública (SFP) evidenció a Ángelo Gutiérrez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, de haber escondido la aplicación de 170 mil pesos cuando fue delegado del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE).
A través del expediente número R/175/2013, se le sigue un proceso al ahora diputado local para que explique el destino de ese dinero o, en su caso, quede señalado por daño patrimonial al no aplicar esa cantidad que era a favor de los instructores comunitarios.
De acuerdo con las versiones, los beneficiarios no habrían disfrutado del dinero que les correspondía debido a que el oriundo de Apetatitlán los amenazó para devolver diferentes cantidades.
Se trata de una auditoría de 2014 correspondiente a años administrativos anteriores encabezados por Gutiérrez Hernández, en donde la SFP conoció de una queja presentada por presuntos malos manejos del entonces titular.
Pese a instrucciones claras de la dependencia, el dinero destinado a apoyo de traslado a un evento denominado “Entrega de Premios CONAFE 2012”, Ángelo Gutiérrez quitó ese dinero “por la fuerza” y con base de amenazas se quedó con él.
“Ángelo Gutiérrez Hernández, entonces delegado del Consejo Nacional para el Fomento Educativo en el estado de Tlaxcala, causó un daño patrimonial al CONAFE por la cantidad de $ 170, 000. 00 pesos, toda vez que no existe documentación comprobatoria y justificada del supuesto gasto realizado para el evento ‘Entrega de Premios CONAFE”’, que tuvo lugar el 19 de octubre del año 2012 (…)”, se lee en el documento.
El entonces delegado habría tenido que entregar un monto económico de 500 pesos, pero la orden fue devolver 400 pesos, lo cual se hizo no necesariamente vía oficio sino también verbal.
Incluso aquellos instructores que no recibieron el dinero, fueron obligados a firmar sus relaciones de pago del mes para verificar quién devolvía el importe mencionado por órdenes del delegado, cuyo monto se desconoce en su totalidad y si fue aplicado a cuestiones de otro tipo.
De ser encontrado culpable, Gutiérrez Hernández tendría que enfrentar a la Ley federal de responsabilidad de servidores públicos, lo cual lo obligaría a resarcir el daño económico y pagar lo que no reportó, hasta su inhabilitación para ocupar cargos públicos.