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Trabajadores de la institución se solidarizan con Padres de Familia, directivo condiciona entrega de libros de texto gratuitos.

Con total impunidad y aprovechando su cargo al frente del CBTIS 211 de Tezoquipan, el director de esta institución, Gustavo Ponce Ramírez condiciona la entrega de libros de texto gratuitos a los alumnos al pedir que entreguen de manera “voluntariamente a fuerza” el boucher bancario de la cuota de mil 350 pesos para poder recibir lo que por ley les corresponde a los estudiantes de nivel medio superior.

Quien es llamado como dictador y delincuente por sus alumnos no sólo ha hecho uso desmedido y se ha extralimitado en sus funciones, sino que de acuerdo con los Padres de Familia ha tomado represalias en contra de quienes manifiestan que su proceder no es el adecuado y se presume una malversación de los recursos tanto entregados por el gobierno como por parte de las cuotas que cobra a quienes estudian en este plantel.

Como consecuencia de la tiranía que aseguran que practica Ponce Ramírez, trabajadores de esta institución se solidarizaron con Padres de Familia mediante un escrito en el que exponen diversas irregularidades a cargo del director y de sus más cercanos colaboradores, acusándolo en primera instancia de prepotencia a lo largo de siete años al frente de este plantel.

Un señalamiento muy preciso fue a uno de los personajes más cercanos al director, Silvio Octavio García Rodríguez quien de acuerdo con el escrito esta presuntamente inhabilitado por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública.

Dentro del documento además de acusar a Ponce Ramírez de prepotencia, le señalan que difamó a maestros de este plantel como es el caso de Rosa Amelia Nájera Gómez, Hazael Mejía Carro y José David Vega Becerra debido a que sus hijos protestaron por la situación que impera al interior de esta institución pública.

Una irregularidad más que plantean es que pide material de consumo en el caso de laboratorio acompañado de una factura, el cual aseguran debe ser obligación de la institución y cuestionaron el porqué del comprobante fiscal que pide, lo que despierta sospechas de un presunto negocio en el que estaría teniendo ganancias importantes para su bolsillo.

La persecución ha llegado al grado de que quienes no lo saludan reciben represalias, lo que consideran absurdo y genera un difícil clima laboral que no contribuye a mejorar las condiciones educativas de los alumnos que asisten a esta institución que ahora consideran como particular debido a las cuotas que pide a quien el llanan “tirano represor”.

“Cansados de tanta impunidad en diversas instancias presentamos pruebas de malversación, favoritismo, corrupción, simulación…. Que padecemos y a más de un año no tenemos respuesta. Deploramos que ustedes también sufran estas infamias porque a pesar de su cuota semestral para cubrir estas necesidades, injustamente también pagan el internet en el negocio de la esquina, compran materias primas o prestan enseres de cocina y esto no debe ser porque existe partida presupuestal para la realización de prácticas de talleres y laboratorio”, asentaron los trabajadores.

Esperando que haya respuesta por parte de las autoridades educativas quienes laboran en esta institución dirigieron un documento al gobernador del estado Mariano González Zarur, al delegado de la SEP federal, Enrique Padilla Sánchez, al líder sindical de la sección 31 del SNTE, J. Carmen Corona y a Francisco Acoltzi que es delegado del colegiado de Asuntos Laborales del Nivel Medio Superior.

 

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