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Dos ciudadanos lo acusan de peculado y los que resulten; “lo hacemos por obligación constitucional”, argumentan.

Por acceder a rentar las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura  para la boda de un funcionario federal, dos ciudadanos demandaron legalmente al titular del ITC, Willebaldo Herrera Téllez, por el delito de peculado y los que resulten cometidos en agravio de la sociedad tlaxcalteca.

Ambas personas consideraron que existe materia suficiente para integrar una averiguación previa y el ejercicio de la acción penal en contra del funcionario del gabinete de Mariano González Zarur.

Se trata de Rosario Sergio Cahuatnzi Nava y José Manuel Arzos Castelazo, quienes acudieron ante el agente del ministerio público a denunciar que se violentó el artículo 165 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala.
El 28 de marzo pasado, el coordinador del Programa de Pensión a Adultos Mayores de la Sedesol en Tlaxcala, Agustín Bretón Stankiewicz, contrajo nupcias con la hija de un empresario apizaquense en la sede del ITC, a cambio de un pago de renta por 15 mil pesos que fueron pagados por su hoy suegro, José Luis Tamayo Reyes.

A decir de los demandantes, como ciudadanos tlaxcaltecas “tenemos la obligación constitucional de denunciar hechos considerados como ilícitos cuando se atenté contra el patrimonio económico, social y cultural de nuestro estado o cuando un servidor público disponga o distraiga de su objeto inmuebles (…)”.

Herrera Téllez declaró en su momento que decidió arrendar el inmueble por la falta de recursos económicos para su manutención, lo que implica que el Gobierno del Estado no le aporta el dinero necesario y que él recibió el dinero.

Los ciudadanos coincidieron en señalar que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa, por lo que pidieron al contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, fincar las responsabilidades a que haya lugar a través del procedimiento correspondiente como consecuencia de la confesión abierta sobre el cobro económico por el inmueble.

La llamada “boda de alcurnia” generó severas críticas en las redes sociales y generó polémica por las facilidades que el Gobierno de González Zarur dio para tal evento, ya que el desposado es al parecer un amigo muy cercano a su hijo, Mariano González Aguirre.

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