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Existen 8 ocho controversias constitucionales presentadas por la Presidencia ante la SCJN que no han tenido un avance sustancial.

Con dos posiciones diferentes sobre la reforma educativa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), especialistas consideraron que hay una ruptura al interior del Gobierno federal.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el investigador Lorenzo Gómez Morín aseguró que hay una diferencia al interior de la administración, donde claramente hay dos posiciones en torno a la reforma educativa y la CNTE.

Aseguró que, mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) recupera la rectoría del Estado en materia educativa y advierte a la CNTE que el único camino para tener plaza es la evaluación, el subsecretario de Gobierno de Segob, Luis Enrique Miranda, hace una concesión tras otra a la disidencia magisterial.

Entre las concesiones, dijo, está la de garantizar la estabilidad laboral y participar en la elaboración de los esquemas de evaluación, cuando ésta es facultad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Constitución establece que un maestro permanecerá en su empleo y función sólo si aprueba las evaluaciones.

"El Secretario Chuayffet y el subsecretario Miranda están enfrentados; Miranda concediendo todo lo que piensa que puede conceder y cree que puede firmar minutas con la CNTE, pero no está resolviendo absolutamente nada.

"Mientras que el Secretario Chuayffet amortigua el golpe público y retoma la reforma educativa y recupera la rectoría del Estado en el sistema educativo", expresó.

Sostuvo que la reforma educativa es una de las más exitosas, pues hay inscritos cerca de 400 mil maestros a los procesos de evaluación que aceptaron las nuevas reglas.

Por su parte, el investigador Jorge Javier Romero de la UAM, coincidió que hay una ruptura clara y dos proyectos educativos distintos en el Gobierno federal.

"El Gobierno ha manejado el asunto en dos pistas y a la SEP le quitaron la capacidad de maniobra política que ha estado en Gobernación, la que ha tratado de desactivar el conflicto con la CNTE haciendo concesiones.

"Pero cada uno va por su lado y es evidente que hay un problema de coordinación en el Gobierno federal", expresó.

Romero, quien también es vocero de la Coalición Ciudadana por la Educación, aseguró que el subsecretario Miranda ha negociado la desobediencia de la ley.

"Así lo han hecho siempre, la ley se negocia, como lo ha hecho siempre el PRI", expresó.

Dijo que la declaración del titular de la SEP expresa una confrontación con la Segob, que fue donde se tomó la decisión de suspender los procesos de evaluación docente que se establecen en la reforma educativa.

"Evidentemente hay un conflicto y dos rutas trazadas y dos ideas hacia donde se debe ir, cuando lo que tiene que prevalecer es la ley y la postura de la SEP", insistió.

Dice Peña que reforma educativa no se suspende

La evaluación a los maestros del sistema de educación pública ‘‘sigue adelante. Ni se pospone ni se difiere y por ninguna razón se cancela’’, aseguró este martes el presidente Enrique Peña Nieto, en su primer acto público después de la elección del domingo pasado.

‘‘Que no haya confusiones: las reformas estructurales son mandato de ley, están inscritas en la Constitución y en las leyes secundarias; el gobierno sólo tiene una obligación que es cumplirlas, llevarlas a cabo, para que beneficien a todos los mexicanos. Que no quepan confusiones: no está en la decisión del gobierno si van o no van, o si se llevan a cabo o no’’, afirmó el mandatario al participar en una reunión de consejeros nacionales de BBVA Bancomer.

El pasado 29 de mayo, nueve días antes de la elección del domingo 7 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspendía ‘‘indefinidamente’’ el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior, a la que deben someterse 350 mil profesores y directivos del país. El lunes, un día después de la votación, el titular de esa dependencia, Emilio Chuayffet, dio a conocer que la evaluación se mantendría en los términos y calendarios fijados.

Según otra nota del diario la Jornada, en su discurso ante los consejeros nacionales y regionales de BBVA Bancomer, Peña Nieto se refirió específicamente a la reforma educativa –impugnada por maestros disidentes que la consideran violatoria de sus derechos laborales–, ‘‘que está orientada a garantizar la calidad de la educación’’. La reforma, dijo, busca asegurar que los docentes cuenten con las capacidades necesarias para cumplir con su elevada misión social.

‘‘Por eso, en este aspecto quiero ser muy claro: los procesos de evaluación docente siguen adelante; ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan. La Secretaría de Educación Pública seguirá trabajando en esta importante asignatura conforme a los calendarios aprobados y difundidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación’’, afirmó.

Entre junio de este año y mayo de 2016, la SEP y las autoridades educativas estatales habrán evaluado a medio millón de servidores públicos de la educación.

Hace apenas algunos días, el de la reforma educativa fue tema de intenso debate y polémica, a partir de la decisión de haber suspendido y hoy nuevamente retomar el camino conforme al calendario, reconoció. En ese contexto, afirmó que las 12 reformas impulsadas por su gobierno van a ser cumplidas tal como quedó establecido en la Constitución y en las legislaciones secundarias.

‘‘Sobre estas reformas hay que ser muy claro: aquí no cabe la discrecionalidad, la actitud de un gobierno que pueda decir si van o no van. Que no haya confusiones: las reformas estructurales alcanzadas son mandato de ley’’, apuntó.

Reforma educativa frenada en ocho estados

En medio de la resistencia social de los maestros vinculados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional las ocho controversias constitucionales presentadas por la Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2014 no han tenido un avance sustancial.

Se prevé que ahora, después de concluido el periodo electoral, se proceda a estudiar los recursos presentados contra los gobiernos de ocho entidades que han sido omisos en aplicar la reforma educativa, o bien, se han invadido competencias entre los poderes.

Estas son Baja California Sur, Morelos, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas, según se informa en otra nota del diario 24 Horas.

Los únicos cambios registrados desde los primeros meses del año a la fecha es en el expediente 63/2014 de Morelos; el 6 de mayo se realizó la entrega física en la ponencia y el 23 de abril se celebró la audiencia para estudiar la queja que interpuso el gobierno local, con lo que se comenzó el proyecto por parte del ministro ponente, el mismo que se deberá presentar ante el Pleno de la SCJN para su discusión, aunque aún no hay fecha.

Asimismo, sólo tres de las ocho controversias han llegado ante el Pleno de la SCJN, ellas son la 38/2014 de Oaxaca, 47/2014 de Baja California y 39/2014 Michoacán, las cuales fueron turnados desde el 25 de noviembre, 14 de noviembre, y 27 de febrero, respectivamente; desde esa fecha las dos primeras no han tenido avance hasta el momento.

En los tres casos se entregó el expediente por el respectivo ministro ponente realizó el estudio con base a los alegatos de la Presidencia y los gobiernos estatales emplazados, y efectuó un proyecto de sentencia para entregarlo al Pleno, que será discutido en las próximas fechas.

Con ello se procederá a entrar en discusión sobre la falta de armonización de las leyes secundarias en los estados para ajustarlas al modelo educativo que ordena la reforma en la materia.

Asimismo, “definir estándares e indicadores educativos para la supervisión, evaluación y acreditación en el grado medio superior, facultades de la Secretaría de Educación Estatal para la evaluación docente, leyes educativas que se oponen a la reforma constitucional”, según argumentó la Presidencia de la República.

En todas ellas, argumentaron los legisladores estatales, se encontraron supuestas omisiones, desacatos a los preceptos constitucionales, violaciones a las garantías laborales, educativas y de la docencia, invasión de competencias, entre otras.

Se espera que el Pleno de la Corte dé respuesta con base a las quejas de la Presidencia de la República y los informes justificados de cada uno de las autoridades estatales.

El caso de Baja California Sur 62/2014 estaba bajo el estudio del ministro Luis María Aguilar Morales, que al tomar la presidencia retornó el caso al ministro Juan Silva Meza, quien concluirá su gestión en noviembre próximo.

En el caso de Zacatecas el estudio de la controversia 48/2014 fue enviado el 8 de enero a la ministra Margarita Luna Ramos, luego de la muerte de Sergio Valls Hernández a principios de diciembre, quien inicialmente tenía el asunto.

En Chiapas el expediente 37/2014 fue enviado a la ponencia del ministro instructor desde el 18 de agosto pasado y no ha tenido avance significativo hasta el momento.

En Sonora, el archivo 40/2014 se entregó al ministro instructor apenas el 24 de febrero del 2015.

Oaxaca fue uno de los estados señalados por el Ejecutivo Federal de no haber aplicado ninguna de las reformas educativas y fue una de las primeras entidades en responder a los requerimientos judiciales por la Controversia Constitucional en su contra, y se espera que sea la primera controversia que discuta el Pleno.

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